Schöenstatt busca nuevo defensor para el exobispo Cox

"Este magistrado y este tribunal no tienen la competencia, ni la jurisdicción, para poder mantener el conocimiento de esta causa".

Esa fue la determinación que ayer comunicó el juez Alaín Maldonado, del 2° Juzgado de Garantía de La Serena, respecto de los presuntos abusos sexuales cometidos por el exsacerdote Francisco José Cox, quien no asistió a la audiencia.

La indagatoria se abrió el 19 de junio del año pasado, cuando Hernán Godoy, quien asegura ser víctima, presentó una denuncia en contra del religioso por hechos que habrían ocurrido en 1985, en la sede eclesial.

Francisco José Cox ocupó los cargos de obispo de Chillán (1975-1981), arzobispo de La Serena (1990-1997), secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de la Visita de Juan Pablo II y funcionario del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), hasta que en 2002 se retiró a un convento en Alemania.

Tras residir en la ciudad germana de Vallendar, por 17 años, Cox retornó a Chile hace una semana, luego de que el Papa Francisco ordenara su expulsión del sacerdocio, en octubre del 2018.

Ayer, la audiencia se extendió por cerca de 40 minutos. Con esta determinación, ahora será el sistema de justicia antiguo el que investigue las denuncias de abusos que han caído sobre el exreligioso. A la salida, el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, explicó que "estos lamentables hechos habrían sido cometidos en 1985 y 1986. Por lo tanto, la jurisdicción era de otro tipo penal y criminal (...) lo importante es que el asunto se está investigando".

Respecto de quién continuará con su representación legal, ya que la defensora pública culminó ayer su trabajo, en los Padres de Schöenstatt se informó que aún no se toma ninguna determinación. Rosa Álvarez, defensora pública que representó a Cox en La Serena, manifestó que "lo que aquí se definía era la competencia, nada más que eso. Desde ese punto de vista, no era necesario que tuviera la versión del señor Cox, porque no iba a existir ninguna alegación por mi parte".

Josefina Gutiérrez, abogada de Fundación para La Confianza, manifestó su conformidad con la decisión del tribunal. "Nuestra intención es que se investigue, que se aclare que los hechos son ciertos, y queremos que él (Cox) concurra a declarar como lo tendría que hacer cualquier imputado", dijo.