Se buscan más de $ 400 millones por pagos desde corporación sin fines de lucro: González Jure, Héctor Espinoza, Marcos Vásquez y otros 16 exuniformados fueron demandados

A inicios de abril, la Mutualidad de Carabineros (Mutucar) -corporación sin fines de lucro que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de la policía uniformada y la PDI- comenzó a presentar una serie de demandas civiles en contra de exconsejeros de la institución. ¿La razón? Diecinueve de un total de 23 de sus exintegrantes, quienes fueron notificados a través de cartas certificadas el 27 de octubre de 2020 de que debían devolver dineros percibidos indebidamente por el organismo, no entregaron los montos requeridos.

¿Por qué deben devolver esa plata? La Contraloría estableció en 2018 que los consejeros de las mutualidades de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no pueden recibir dinero de parte de estas corporaciones. “Quienes representen a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad ante la mutualidad respectiva, lo hacen exclusivamente por el hecho de ejercer un cargo público en esas instituciones, lo que no puede traducirse en un beneficio económico”, dice el dictamen.

Además, a raíz de una solicitud del diputado PS Leonardo Soto, realizada en julio de 2017, para que se fiscalice si los consejeros de estas mutualidades recibieron dinero, el Ministerio de Justicia ordenó a Mutucar en la resolución N° 4.838, del 9 de septiembre de 2020, “revertir el eventual perjuicio económico por el indebido pago de retribuciones” de los consejeros entre 2015, 2016 y 2017.

En el oficio Nº 54509 enviado el 27 de octubre de 2020 por el presidente del consejo de administración de Mutucar Manuel Valdés, al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, se encuentra el listado de los exfuncionarios a quienes se les exigió esta devolución y se les envió la carta. Entre ellos están el exgeneral director de Carabineros Gustavo González Jure y los exdirectores generales de la PDI Héctor Espinosa y Marcos Vásquez.

Además, se encuentran en el listado los generales (R) Eduardo Quijada, Ramis Ramírez, Mauricio González, Hugo Inzulza, Jorge Serrano, Mauricio Murillo, Marcia Raimann y Manuel Letelier. A ellos se suman el exjefe del departamento de Información Pública Ramiro Larraín, el exjefe de Orden y Seguridad general inspector (R) Víctor Herrera, el exgeneral director Bruno Villalobos y el actual gerente de Mutucar, general (R) René Ureta. También están los exuniformados Juan González Rivera, José Antonio Pavez Arena, Cristián Vásquez Miles, Jorge Sanhueza y Ricardo Castillo González, y los coroneles (R) Jorge Novoa, Jorge Espinoza y Óscar Salazar.

Consultada la Mutualidad sobre cuáles de estas personas fueron demandadas por el no pago, señalaron que “si bien no se referirá a ningún caso en particular, fue a aquellas que no efectuaron la devolución una vez informadas del procedimiento y plazos definidos”. Agregaron que “en la corporación se han implementado las medidas para dar cumplimiento a lo instruido por la Subsecretaría de Justicia”.

Así, La Tercera revisó el sistema de Poder Judicial, donde se registran las demandas presentadas en contra de nueve de ellos, las que fueron ingresadas entre el 12 y el 28 de abril de este año en diversos tribunales civiles de Santiago. Por ejemplo, se recurrió en contra de González Jure por $ 27 millones, Héctor Espinosa por $ 50,8 millones, Inzulza por $ 26 millones, Castillo González por $ 60,2 millones, Espinoza Alarcón por $ 32,6 millones y González Marín por $ 60,3 millones. En todos estos casos, los juzgados dieron curso a las demandas y las causas se encuentran en tramitación.

Al respecto, Héctor Espinosa dijo a este medio que “yo fui consejero de la Mutualidad de Carabineros desde junio de 2015 a febrero de 2018, lo que me correspondía por derecho propio como director general de la PDI. Renuncié al cargo y a los honorarios cuando la Contraloría cuestionó nuestra permanencia en esa función. Respecto de la devolución de esos pagos, no he sido notificado de ninguna demanda. Pero si así fuera, le pediré a mi abogado que estudie las acciones a seguir. Quiero dejar en claro que siempre actué en el marco de la legalidad”.

Además, hay tres demandas que se registran como archivadas: una en contra de Marcos Vásquez por $ 29,7 millones, otra contra Salazar Robinson por $12,4 millones y una tercera contra Víctor Herrera por $ 23,7 millones. De acuerdo a fuentes ligadas a la Mutualidad, los montos totales demandados ascienden a más de $ 400 millones.

Asimismo, hay tres de los demandados, Castillo, Ramírez y Herrera, quienes presentaron demandas en contra de la Mutualidad. De hecho, el juzgado civil le dio la razón a Castillo y la aseguradora apeló a esa resolución, la que será definida por el tribunal de alzada de Santiago. En tanto, Herrera señaló a La Tercera que “no he sido notificado de ninguna demanda. Por el contrario, y respecto de este tema, yo presenté una demanda contra la Mutualidad”. También fueron consultados González Jure y Marcos Vásquez, sin obtener respuesta.

“Por mucho tiempo la Mutualidad de Carabineros (...) autorizó el pago de dieta, retribución o estipendios en favor de los directores del Consejo de Administración”, se lee en cada una de las acciones civiles presentadas en contra de los carabineros y policías en retiro. Así, “hasta la dictación de la Ley 20.500, del año 2011, no existía una (...) norma que impidiera percibir una dieta en su calidad de consejeros”.

Pero el documento señala que esta situación cambió con la promulgación de la Ley 20.500, que incorpora un nuevo artículo 551-1 al Código Civil, el que dispuso: “Los directores ejercerán su cargo gratuitamente”. Se indica que desde entonces hay una “prohibición expresa” de pagos a miembros del consejo de administración y en febrero de 2018 la Mutucar cesó la entrega de dinero para estas personas.

Según explica el gerente de Mutucar, el general (R) René Ureta, en un oficio enviado el 3 de mayo de 2021 al Ministerio de Justicia, solo cuatro exconsejeros accedieron a la devolución y reintegraron el dinero.

El diputado Soto señaló que “en el caso de Mutucar ya está absolutamente acreditado lo que siempre dijimos, que estos pagos millonarios eran sobresueldos ilegales y un abuso más de los altos mandos, que los financiaban con los descuentos por planillas de sus propios subalternos. La negativa a devolver los dineros ilegalmente recibidos por parte de las más altas autoridades de Carabineros y la PDI es una conducta indigna y deshonesta que solo avergüenza a miles de funcionarios de estas instituciones”.

En ese sentido, indicó que “el primer paso es que devuelvan estos dineros, pero también deben aplicarse las sanciones penales que correspondan, por lo que esperamos que pronto existan avances en la investigación que lleva adelante la fiscalía”.