La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), expresó desde un primero momento su firme oposición a la propuesta del Presidente Gabriel Boric de construir una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna que dirige.
La primera declaración surgió después del anuncio realizado por el Mandatario en el gabinete Pro Seguridad. “Mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago”, señaló a través de una publicación en su cuenta de X, donde aseguró que “como alcaldesa y vecina, me opongo rotundamente”.
Pero su rechazo venía con un argumento: que la propensión en el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano”. Una posición que sostuvo durante el fin de semana en un comunicado desde la Municipalidad de Santiago: “La tendencia nacional e internacional es evitar el emplazamiento de los recintos penitenciarios en centros urbanos, promoviendo así el desarrollo de las ciudades de manera armónica y la priorización de los lugares centrales, uso de parques, movilidad, entre otros, para las comunidades”.
Y agregó: “Solicitamos que esto se evalúe claramente, que se puedan generar los estudios correspondientes en la línea que lo plantea también la tendencia internacional: que las nuevas cárceles y especialmente aquellas que concentran a las personas más peligrosas no estén en los centros urbanos”.
En ese sentido, La Tercera hizo el ejercicio de revisar la construcción reciente de algunas de las cárceles de alta seguridad a nivel nacional e internacional, y también consultó a expertos en la materia.
En Chile, por ejemplo, la más reciente construcción de estos recintos es de 2017, año en que se inició el proyecto del Centro Penitenciario La Laguna en Talca y que hoy se encuentra con sus obras terminadas. Este se encuentra a más de 11 kilómetros de la capital regional.
En Santiago, en tanto, se construyó en 1994 la ex Cárcel de Alta Seguridad, la que en 2023 durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric pasó a llamarse Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ubicada a pasos de supermercados, avenidas urbanas y parques, entre otros.
A nivel latinoamericano, los grandes centros penitenciarios también han sido recientemente construidos en zonas alejadas de lo urbano. El Salvador, el país con la mayor tasa penitenciaria del mundo, inauguró en febrero de 2023 la megacárcel ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’.
El complejo está construido en una zona rural cerca de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de la capital San Salvador y que es custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil.
Mientras que este año, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció la creación de dos cárceles de máxima seguridad en la Amazonía y la costa Pacífica siguiendo el estilo salvadoreño de Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas. El nuevo espacio contaría con capacidad para albergar a más de 150 reos y un equipo especial de videovigilancia para monitorear las 24 horas a los más peligrosos delincuentes, a cargo del Grupo Estratégico de Información Penitenciaria y Carcelaria.
También hay casos extremos. En Honduras, en tanto, la presidenta Xiomara Castro pretende levantar una cárcel en el archipiélago de Islas del Cisne, considerada patrimonio ambiental, para cerca de dos mil líderes de bandas, pero desde ya cuenta con el rechazo de ambientalistas y abogados, que pretenden llevar el tema ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Pero ejemplos de recintos penitenciarios en zonas urbanas también existen. Eso sí, construidos más hacia atrás en el tiempo. En Inglaterra está la prisión para hombres de Swansea, ubicada a solo un kilómetro del centro del pueblo del mismo nombre. Actualmente cerca de 500 prisioneros residen en seis unidades de la prisión, la que cuenta con una dificultad mediana-grave.
Escocia también cuenta con un penal de estas características, llamado Edinburgh y ubicado en el área conocida como Stenhouse. La prisión está ubicada al borde de una zona predominantemente residencial con conexión al centro de la ciudad, lo que provee acceso de llegada a la población carcelaria y a quienes los visitan.
Según se lee en la página de la prisión, esta abrió en 1920 y a la fecha recibe principalmente a hombres adultos con sentencias cortas (menos de cuatro años), sentencias de largo término (cuatro años o más) y también sentencias de por vida.
“Es frecuente en espacios aislados”
Distintos urbanistas han apoyado el reclamo de la alcaldesa de Santiago. Uno de ellos es el decano del Campus Creativo de la U. Andrés Bello, Ricardo Abuauad, quien sostiene que en general estas cárceles de alta seguridad están pensadas para garantizar el control y todos los mecanismos posibles para que este tipo de internos no establezcan contacto con las redes criminales que los apoyan. Para lograr eso, dice, es frecuente que se pongan en espacios alejados, de modo que el entorno de la cárcel sirva para ese control, en la medida que es suficientemente aislado y, por lo tanto, posible de patrullar”.
Por su lado, el cientista político, sociólogo e investigador de la U. Autónoma, Juan Castañeda, señala que la discusión no debería enfocarse en si construir o no en entornos urbamos, sino más bien en cómo se segmenta la prisión y cómo se equipa para contener a la población.
“Hay que sacarse el discurso de que la cárcel tiene que estar en la isla Mocha, alejada. Obviamente que la investigación recomienda que si tú vas a instalar un penal penitenciario donde el delincuente es de baja o de mediana peligrosidad, que esta no esté al lado de un colegio o de recintos educacionales. Pero en el debate chileno se debe incluir las características del recinto, capacitar a la gente que esté a cargo y rehabilitación si es posible. Eso es clave para la construcción del recinto penal”, asevera.
Mientras que el experto del Comité para la Prevención de la Tortura, Luis Vial, aborda la necesidad de contar con recintos en zonas cercanas a la ciudad: “La imposición de un régimen de máxima seguridad implica una serie de restricciones que provocan un impacto severo sobre las personas recluidas en estos recintos, efectos que requieren una mirada integral sobre la gestión de recintos de estas características, de lo contrario se puede poner incluso en riesgo a quienes tienen a su cargo las custodia. La decisión de alejar las cárceles de los centros urbanos puede afectar el contacto regular y permanente con sus vínculos cercanos”.
