En los últimos meses el Ministerio de Educación y las universidades privadas han tenido serias diferencias por la implementación de los aranceles regulados, transferencias que realiza el Estado a las instituciones por cada alumno beneficiario de la gratuidad. Resumidamente, es el dinero que las instituciones reciben por cada estudiante que tienen matriculado con el beneficio.

Pero hoy se agrega un nuevo capítulo: actualmente está aplicándose el nuevo modelo de aranceles regulados, lo que ha generado una gran preocupación en el sector privado. Según han informado estas instituciones, las bases técnicas definidas por el ministerio para el cálculo de los nuevos aranceles de 2026 afectarán de manera significativa la estabilidad económica de varias casas de estudios, especialmente universidades privadas y centros de formación técnica, en particular aquellas fuera del Consejo de Rectores (Cruch).

De acuerdo con las estimaciones que hacen las casas de estudios privadas, las universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) se verían beneficiadas con un aumento de ingresos por $25.438 millones, mientras que las del G9 recibirían $18.519 millones adicionales. En contraste, las universidades privadas, agrupadas en la Corporación de Universidades Privadas (CUP), proyectan una caída de $25.643 millones en sus ingresos, y las privadas fuera de la CUP una disminución de $677 millones.

Santiago González, presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), señala que los parámetros que están usando la Subsecretaría de Educación Superior y la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) “no reflejan la realidad de los costos que tienen las universidades en el ejercicio de sus funciones. Y esto podría perjudicar significativamente la calidad en la educación superior en los próximos años, ya que las universidades van a carecer de recursos para desarrollar actividades que son complementarias a la docencia, que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con vinculación con el medio, que tienen que ver con extensión. Eso nos preocupa mucho, que los aranceles no estén reflejando la realidad de los costos de las universidades”.

Por eso, el también rector de la U. Central afirma que -de momento- no están tomando medidas en conjunto, pero sí están elaborando un documento que presentarán en la reunión que está programada para este martes al mediodía “Estamos convocados a exponer nuestros planteamientos y también llevaremos un documento que ha sido elaborado por un equipo técnico de la CUP, en que han participado varias universidades, y vamos a ver si esto tiene acogida. Y si no, ahí veremos otros caminos que podamos seguir”.

Eso sí, hay universidades que ya han recurrido por su cuenta a la Superintendencia de Educación Superior. Incluso, uno de los hechos esenciales presentados por uno de los establecimientos -y al que tuvo acceso La Tercera- señala que “la reducción de ingresos proyectada incidirá negativamente en el flujo de caja de la universidad y en su capacidad de inversión en infraestructura y desarrollo institucional, considerando la actual situación financiera ajustada de la institución”.

Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, expone que “vemos con gran preocupación la propuesta de nuevos aranceles regulados por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, lo que generará menores ingresos para las universidades privadas adscritas a gratuidad cercanos a los $26 mil millones anuales. El panorama en general para las instituciones privadas es poco auspicioso, por esto es completamente razonable que cada casa de estudios esté analizando diferentes medidas para alertar a las autoridades de esta decisión y que así puedan dimensionar los efectos colaterales que se generan, siendo una de las principales consecuencias atentar contra la calidad de la enseñanza. En este contexto, cabe incluso preguntarse si la autoridad está realmente interesada en que las universidades privadas sigan adscritas a la política de gratuidad”.

Por otro lado, Pilar Romaguera, rectora de U. de Las Américas, argumenta que hay tres efectos negativos que podría tener esta fijación de precios: “El primero es la distorsión en la oferta de carreras, favoreciendo o perjudicando a determinadas instituciones. El segundo es el riesgo de crear inestabilidad en el sistema. Y el tercer efecto es que puede haber carreras que, siendo muy demandadas por los estudiantes, tengan un arancel erróneamente fijado y que esto haga que pierdan el interés de ser ofrecidas por las universidades”.

Y advierte que “la primera acción serán las reuniones con la Comisión de Expertos. Después habrá reuniones, al menos entre las universidades que conforman la CUP, para ver qué otras acciones se pueden tomar, pero obviamente no se descarta tomar acciones al respecto”.

La visión del Mineduc

Consultada por La Tercera, desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan que “hemos avanzado de manera sostenida en la implementación del modelo permanente de regulación de aranceles, tal como lo mandata la Ley de Educación Superior. A diferencia del sistema anterior, basado en precios históricos, este nuevo modelo se construye sobre los costos necesarios y razonables para impartir carreras, agrupadas por áreas del conocimiento”.

Respecto a la preocupación manifestada por algunas universidades, desde la subsecretaría explican que “tras cuatro años de trabajo técnico y dialogado, con participación de las instituciones y la validación de una Comisión de Expertos independiente, hoy nos encontramos en la fase final del proceso, que culminará este mes con la publicación de los nuevos valores regulados, los que se aplicarán a partir de 2026. Entendemos las inquietudes que puedan existir, pero reiteramos que se trata de un proceso aún en curso, que contempla espacios formales de observación y respuesta actualmente en desarrollo”.