“Se ha enfatizado la importancia de proteger la libertad de expresión”: Comisión contra la Desinformación emite su primer informe

Tal como quedó estipulado por decreto oficial, la Comisión Asesora contra la Desinformación tenía mandatado para este lunes 28 de agosto entregar el primer informe de trabajo luego de su conformación dada a conocer por el gobierno el pasado 5 de julio.

Aunque el trabajo no fue fácil. A solo minutos de su publicación en el Diario Oficial, la comisión asesora fue duramente criticada por actores políticos y académicos, acusada de un intento de “acallamiento de la prensa libre y libertad de expresión”. Incluso, hace solo unas semanas la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, expusieron en la Cámara de Diputados y Diputadas para defender la iniciativa.

Y a casi un mes de esa exposición, este martes se hizo público el primer informe titulado “El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile”, que dentro de sus 111 páginas ahondó en la “preocupación por la desinformación” al revisar los reportes de organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial (2013), la Unión Europea (2018), la Unesco (2020), la OMS (2022) y la APEC (2022).

Frente a estos puntos, los integrantes reflexionaron que uno de los principales riesgos de la desinformación es que afecta a las sociedades “en materias tan sensibles como la salud, los desastres naturales, el medioambiente, las relaciones internacionales, la economía o la política”. Además, destacaron que dentro de los mayores desafíos de este debate global está delimitar el concepto de desinformación, porque “no existe hasta hoy una definición única” del fenómeno.

El informe enfatiza también en “la importancia de proteger la libertad de expresión” como pilar de la democracia y reconoce la necesidad de abordar responsablemente el problema de la desinformación, tal como lo sugieren organismos internacionales de los que Chile forma parte (por ejemplo, la OCDE).

“Es importante señalar que la desinformación no tiene relación con el legítimo derecho de emitir opiniones sobre materias públicas y privadas. Por el contrario, este mismo derecho ha permitido enfrentarla a través de periodismo de calidad y el rol cívico de personas comprometidas con el debate público. Las opiniones están fuera de los márgenes del fenómeno, ya que opinar es expresar un juicio personal sobre una materia, un acontecimiento o una persona”, señala el texto de la comisión.

Para Pedro Anguita, abogado y comisionado, el informe es fruto de un trabajo abordado en un periodo limitado de tiempo, “donde siempre existieron debates fundados, las observaciones y oposiciones constructivas y se actuó mayoritariamente bajo amplio consenso”. Con todo, afirmó que el documento entrega las acciones que han desarrollado “terceros países para mitigar los efectos de la desinformación como comisiones o grupos de trabajo, de estudios, políticos, o bien de expertos como en este último caso fue la decisión del Gobierno, con proyectos de ley que sancionan la desinformación, normas administrativas, decisiones de entidades electorales etc”.

Al respecto, la ministra de Ciencia comentó que la presentación fue hecha por una comisión completamente independiente. Y aunque las recomendaciones finales serán publicadas en noviembre, “esta revisión ya permite a los distintos actores de la sociedad, y por supuesto también a nosotros como gobierno, revisar aquello en lo que tenemos debilidades y aquello que podemos reforzar o mejorar en una materia que nos afecta a todos como es la desinformación”.