En enero pasado, el Ministerio Público solicitó la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión, “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada durante el estallido social.
En el escrito ingresado la tarde del martes 2 de ese mes, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, pidió también formalizar -en el mismo contexto- al ex general director Mario Rozas y al exsubdirector de la institución el general (R) Diego Olate.
Y el pasado 4 de abril, en una arremetida con miras a impedir su formalización, el general Yáñez ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, alegando que las actuaciones del Ministerio Público han implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías.
Medida similar adoptó este lunes el ex general director Mario Rozas, quien también ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al TC para impedir ser formalizado.
Al respecto, el abogado Felipe Barruel, representante del general (R) Rozas, indicó que “mi representado afirma su absoluta inocencia y claramente la fiscalía pretende atribuir responsabilidad al alto mando de Carabineros y a él particular, bajo una conducta que no es constitutiva de delito”.
Agregó que “de la misma manera, y de acuerdo con el proceso judicial y a lo declarado por el mismo general (R) Rozas, él nunca instruyó para que una institución como Carabineros cometiera delitos. Cada funcionario que obró mal fue objeto de un sumario o denunciado al Ministerio Público. Entonces no es posible establecer que haya cometido delito. Eso lo hemos hecho saber, pero en el proceso se han vulnerado garantías constitucionales mínimas y que todo ciudadano tiene derecho”.
El defensor destacó que “en este caso no existe un control jurisdiccional para revisar la formalización que pide la Fiscalía. Solo en instancia de medidas cautelares podemos reclamar e incluso presentar un recurso. De ese modo, para poder establecer el debido proceso y declarar, además, que la norma por la que cual se pretende formalizar no es constitutivo de delito, el Tribunal Constitucional tiene la competencia para declarar la inaplicabilidad”.
Consultado sobre si existe conexión respecto al recurso presentado por el general director Ricardo Yáñez, fue enfático al señalar que “no puedo referirme a su defensa, por lo que no conozco los alcances de ese recurso. Puedo referirme entonces respecto de don Mario Rozas. En ese contexto quiero ser categórico que su posición en la causa se ve afectada por que existe una vulneración manifiesta a los derechos que están reconocidos en la Constitución. Por lo mismo confiamos que el Tribunal Constitucional resolverá conforme a derecho acogiendo nuestro recurso”, cerró.
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