Una semana se cumple hoy desde que secuestraron al exmilitar venezolano Ronald Ojeda desde su departamento en la comuna de Independencia. Las policías trabajan para dar con el paradero del exteniente, quien es opositor al régimen de Nicolás Maduro. En Chile se encontraba en calidad de refugiado. En ese sentido, la fiscalía maneja, principalmente, tres hipótesis: un secuestro con fines políticos, un rapto realizado por el crimen organizado o un autosecuestro.
El domingo, el medio venezolano La Razón planteó la hipótesis que el convenio firmado entre Chile y Venezuela en enero de este año abrió la puerta para que se concretara el secuestro. Dicha idea fue rechazada al día siguiente por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien la catalogó como “una total mentira”.
“Mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector de la Policía de Investigaciones. Reuniones que también fueron públicas, conocidas, con fotos, con quienes participaron. Entonces, permítame decirle lo absurdo de la teoría”, dijo el lunes.
Lo que no comentó ese día fue que el convenio no estaba activo. Este miércoles, en entrevista con radio Duna, el subsecretario Monsalve afirmó que dicho acuerdo no está operativo debido a la falta de algunos procesos administrativos. “Este convenio dice que las instituciones, porque es un convenio de colaboración policial, y dice que ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo”.
Monsalve explicó que las contrapartes serán representantes policiales de ambos países y que serán ellos quienes interactúen entre sí. En el caso chileno será el jefe nacional antinarcóticos contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones (PDI). “Se han dicho una serie de acusaciones en torno al convenio cuando el convenio no está activo”, sentenció.
Asimismo, entregó otros antecedentes respecto al acuerdo: previamente fue revisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “El convenio se firmó en Caracas el 18 de enero de este año. La ley chilena, la Ley de Cancillería, en el Artículo 35 de la Ley 21.080 establece que los países pueden firmar tratados o convenios entre instituciones de carácter internacional. Este es un convenio entre instituciones de carácter internacional regulado por ley, autorizado así por la Cancillería chilena. Previamente a la firma se le consultó a la Cancillería si esto era un convenio o un tratado, la Cancillería dijo ‘esto es un convenio, vaya y fírmelo’”, explicó.
¿Podría Chile entregar información sobre un sujeto venezolano en Chile? Monsalve explicó que esto podría pasar si se da en el marco de una investigación por crimen organizado. “Inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos en Chile a mí me parece un insulto absolutamente desproporcionado”, remató.
“El convenio no está implementando, no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información de las contrapartes. Por lo tanto, todos los que han hablado diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten. Mientras no haya contraparte no hay intercambio de información en el marco de este convenio”, subrayó.
Sobre los avances en la investigación, que fue declarada como secreta por la fiscalía, Monsalve dijo: “Hay una Fiscalía y una Policía de Investigaciones trabajando intensamente. Y cuando uno trabaja intensamente y tiene un buen equipo profesional normalmente logra avanzar”.
