La ministra Romy Rutherford, quien indaga el fraude al interior del Ejército a través de la Ley Reservada del Cobre, abrió en marzo una nueva arista, la que dice relación con el uso irregular de dineros fiscales para viajes al extranjero. Es en medio de estas pesquisas que hoy la jueza realizó una diligencia clave: tomó declaración, en calidad de inculpado, al general del Ejército, John Griffiths, segundo hombre al mando de la institución uniformada, y jefe del Estado Mayor General.
La diligencia estaba pensada desde al semana pasada, incluso en el Ejército sabían de esta citación, pero desconocían el cuándo. Esta arista ha generado máxima preocupación en la entidad castrense, pues -según fuentes de la causa- se estima que involucrará a una larga lista de coroneles y generales.
En el caso de Griffiths, este llegó durante la mañana a declarar a la oficina de Rutherford, en calle Compañía, una diligencia que, según testigos, se extendió por cerca de ocho horas. En la ocasión se le habría consultado si él recibió dineros como concepto de "devolución" por parte de agencias de viajes que tenían convenios con el Ejército, entre 2009 y 2015.
¿De qué se trata el caso y qué investiga la ministra? Fue en marzo de este año cuando la ministra en visita, Romy Rutherford, abrió la arista "Empresas de turismo", donde se indaga la participación de oficiales del Ejército en la receptación de dineros públicos, a través de cuatro empresas de turismos.
Según los antecedentes que se manejan en esta arista que lleva la ministra de la Justicia Militar, el Ejército compraba pasajes para sus oficiales en comisiones de servicio al extranjero. Una vez hecho el pago, el oficial que viajaba se comunicaba con la empresa de turismo para que modificara la ruta, ubicara un pasaje más barato y lo que sobraba de lo ya cancelado por la institución, se le devolvía al militar a través de un depósito en su cuenta corriente mediante el rótulo "exceso de equipaje".
La declaración del general Griffiths se da en ese contexto, pues según explicaron fuentes de la causa, muchos oficiales que ahora son generales, "en su época" eran capitanes o coroneles que aplicaban este procedimiento, que, según las mismas fuentes consultadas, sería habitual.
En esa línea, ya han declarado distintos oficiales y civiles de las agencias de turismo. Por ejemplo, en la causa que indaga la ministra ya declaró Jorge Chamy Haddad, gerente de la empresa Turavión, firma que tenía convenio con el Ejército. Este señaló que "estos cambios los hacía la persona que viajaba directamente con la ejecutiva de la empresa". Agregó que "siempre se había operado de esta manera, se recibían instrucciones de los pasajeros, que eran coroneles, generales, brigadieres y, en general personal de alto rango".
Actualmente, los civiles de las empresas de turismo vinculados a los viajes del Ejército están siendo investigados por el fiscal Centro Norte, José Morales. El persecutor recibió los antecedentes de la causa y ya hizo un requerimiento de información a la Subsecretaría para las Fuerzas Armada del Ministerio de Defensa, pidiendo el listado de los funcionarios militares que realizaron viajes en comisiones de servicios desde 2009 hasta 2015.
Los antecedentes fueron enviados por la subsecretaría al Ministerio Público la semana del 27 de agosto, y en ella se detallan los nombres de todos los oficiales que realizaron estos viajes durante ese periodo, la fecha, el lugar de destino y el monto que costó. Este listado ascendería a un total cercano a 1.800 casos.
Tres procesados
Hasta el lunes eran dos los procesados por esta arista: los coroneles (r) Sergio Vásquez Undurraga y Rodolfo Hidalgo Fariña. El primero fue inculpado, pues en 2012 viajó a Washington para asumir como el agregado del Ejército en Estados Unidos. Eso sí, antes de llegar a destino estuvo 10 días en Miami con su familia, con cargo al erario fiscal. Esto significó un gasto cercano a los US$ 16 mil. Al año siguiente, en 2013, Vásquez lo habría hecho de nuevo. Esta vez, para hacer un viaje a Punta Cana, donde también se incluyeron familiares.
Vásquez Undurraga fue el primer procesado, luego vino Hidalgo, y el lunes pasado fue el turno de un tercero: el coronel Iván Feber Navarro, a quien se le imputa haber recibido US$ 16 mil por parte de una agencia de turismo, dinero que provendría de las arcas del Ejército.
Según la declaración del coronel Feber, que está incluida en el procesamiento contra Vásquez, "esta forma de proceder era habitual, vale decir, que se utilizaran cierto días para 'vacacionar' con la familia (...), como así también era habitual que se hicieran cambio de los pasajes entregados por el Ejército a fin de costear estas estancias y pasajes, así como lo era la obtención de las devoluciones de los remanentes que quedaban luego de haber obtenido los paquetes turísticos". Los tres procesado están en prisión en el Regimiento de Policía Militar, en Peñalolén.
El abogado de Feber, Mario Vargas, señaló que "creemos que es un autoprocesamiento errado, que no se ajusta a derecho. Mi representado no ha cometido acto ilegal alguno, se ha ajustado de manera estricta a los protocolos establecidos por el Ejército, y eso está lejos de ser un acto de apropiación".
Hasta el cierre de esta edición, el Ejército aún no emitía una declaración sobre la declaración que el general Griffiths prestó ante la ministra Rutherford.
Fuentes aseguran que el ministro de Defensa, Alberto Espina, está al tanto de la situación y también ha pedido información a la institución para cuantificar el número de oficiales involucrados en esta arista.
Trascendió que habría cerca de 15 generales activos que están siendo investigados por la ministra en visita.
