“Efectivamente se están teniendo solicitudes en materia de seguridad de distinto tipo, pero lo importante para nosotros es poder tomar decisiones en torno a medidas y políticas que sean eficientes y eficaces. O sea, que sirvan, no que sean una píldora más o un aliciente que generen una buena apuesta comunicacional”.

De esta manera, el 2 de enero, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, le cerraba parcialmente la puerta a la posibilidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) tras una serie de homicidios atribuidos al crimen organizado en el cierre del 2023. Pero el 2024 tampoco partía de lo mejor: en los primeros tres días de este año se registraron ocho homicidios.

El escenario llevó a La Moneda a cambiar su postura, y el propio Presidente Gabriel Boric anunció el 1 de febrero que citaba al Cosena a sesionar para analizar el escenario delictual del país. Es que las cifras no eran las mejores: el 21,8% de los hogares del país dijo haber sido víctima de algún delito de mayor connotación social, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).

El control de la situación de seguridad y orden público se transformó en prioridad para el gobierno, a los pocos meses de asumir. Antes, en el programa de gobierno que presentó Gabriel Boric el 8 de diciembre de 2021 la seguridad aparecía en el lugar 27 del listado de los 53 “cambios concretos para el nuevo Chile”.

En el apartado que explicaba la medida se señalaba: “Refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos que respeten los DD.HH. y se subordinen al poder civil”.

La contingencia obligó a cambiar el paradigma. La convocatoria al Cosena se transformó en un hito, tal como el 17 de mayo de 2022, cuando el Mandatario decretó el estado de excepción para la Macrozona Sur, medida que se extienda hasta el día de hoy.

La situación se ha transformado en permanente y ha ayudado al control de la violencia en la zona, pues, además del despliegue militar, el Ejecutivo ha ordenado contar con mayores insumos para las policías y tener ocho bases militares entre el Biobío y La Araucanía.

“Desde la referida declaración de estado de excepción constitucional de emergencia, se ha observado una considerable disminución de eventos violentos en la Región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la Región del Biobío, como resultado de la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías, lo que ha permitido contribuir en el normal desarrollo de la vida cotidiana de las familias y de actividades económicas en la zona”, se lee en el decreto firmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, que el 2 de febrero renovó el estado de excepción en la zona.

Por ejemplo, en La Araucanía, según cifras de la Delegación Presidencial de esta región, los delitos asociados a la violencia rural bajaron 23% en comparación con el año anterior.

Crimen organizado y homicidios

El primero año del gobierno fue turbulento en seguridad: en 2022, según las cifras del STOP de Carabineros, los delitos de mayor connotación social aumentaron 45%, en comparación con 2021, donde las alzas más significativas se daban en la comisión de robo violento de vehículos (portonazos y encerronas), homicidios y robos violentos en general.

En 98% aumentaron los delitos de robos violentos de vehículos, lo que llevó al gobierno a desplegar distintos convenios con autopistas y municipalidades para enfrentarlos. La situación mejoró y ya en 2023 dejó de ser un problema sin control: estos ilícitos bajaron 17% en comparación con 2022.

Lo que sigue sin control son los homicidios y la violencia de las bandas asociadas al crimen organizado. El 13 de noviembre de 2023, el Ministerio Público inauguró el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para enfrentar el aumento de crímenes.

Entre esa fecha y el 19 de enero de este año el equipo registró 55 concurrencias a “sitios del suceso”, asumiendo la investigación de 128 homicidios, con 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado en Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, RM, O’Higgins, Maule y Biobío.

El último caso que asumió este equipo fue el secuestro y posterior homicidio del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda, quien fue asesinado tras ser raptado desde su domicilio en Independencia el 21 de febrero.

El devenir del caso es conocido, generando algunos roces al interior de la coalición que habita La Moneda, demostrando que la seguridad es un tema latente puertas adentro. ¿Lo que viene? Fuentes policiales advierten que marzo ofrece una serie de marchas estudiantiles convocadas para esta y la última semana del mes, donde el Día Joven Combatiente (el 29) siempre es un foco de conflicto.