Seguridad Municipal: con miras a un consenso, comisión posterga votación de artículo que busca incorporar armas no letales

La comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado logró avances en la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que entre otras cosas, busca fortalecer las funciones de los municipios en la materia.

El proyecto, que cursa su segundo trámite constitucional y posee urgencia calificada de discusión inmediata, contempla el endurecimiento de penas para quienes agredan a los guardias municipales, la eliminación del tope en su dotación y el aumento de atribuciones para estos funcionarios.

Este último punto -el aumento de atribuciones- ha sido calificado como el más conflictivo por los senadores que integran la instancia, razón por la cual se decidió postergar su votación, considerando que es en este artículo donde se quiere alcanzar acuerdo y, entre otras cosas, se busca incluir el uso de armas no letales. La definición quedó en manos de la comisión técnica conformada por parlamentarios y representantes del gobierno, con miras a llevar una propuesta de consenso para a la instancia oficial.

Aunque diversos personeros reconocen que será difícil despachar el proyecto en su totalidad a la siguiente fase legislativa, gran parte del articulado ya fue aprobado. Entre los temas que aún están abiertos a discusión se encuentra los relacionados con inhabilidades para ejercer el cargo de inspector municipal de seguridad, control de identidad y los elementos defensivos.

“Como hay tres indicaciones, más la propuesta de ustedes que es absolutamente contradictoria, lo mejor es ver si llegamos a un acuerdo intermedio. Esta es una discusión que, a mi juicio, es bastante medular para el ejercicio de los funcionarios”, planteó el senador Manuel José Ossandón, quien propuso dejar pendiente el artículo.

Desde el oficialismo, el senador Iván Flores (DC) advirtió que tal como está redactado, el artículo puede generar serias complicaciones para los municipios. “Las funciones coadyuvantes requieren de elementos de protección especial, y eso se establece como un deber. Pero en las funciones autónomas se deja como ‘podrá’, lo que genera dos tipos de inspectores municipales. Esto puede provocar problemas de financiamiento, porque los municipios tendrían que decidir si equipan o no a sus funcionarios. Todo debería ser ‘deberá’, o todos como ‘podrá’. Eso tiene que resolverlo el Ejecutivo”, señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó que la preocupación del gobierno radica en el resguardo de la vida de los funcionarios. “Cuando se les entrega un arma, se les está pidiendo que intervengan. Nuestra preocupación es que no terminen expuestos a situaciones que arriesguen su vida por cuidar bienes. No podemos pedirles que ejerzan riesgos innecesarios, por eso es importante sopesar esto bien”, afirmó.

Ossandón replicó directamente: “Tengo la misma argumentación suya pero absolutamente al revés. Estas herramientas protegen a los funcionarios, no los incitan. Cualquier arma no letal, hasta un piedrazo, puede ser letal. Así de claro. Que vayan a ejecutar un llamado por violencia intrafamiliar con las manos peladas, aunque estén vestidos de tortugas ninja, es arriesgar sus vidas”.

A pesar de las diferencias, hubo algunos puntos de coincidencia. El senador Jaime Quintana (PPD) destacó que tanto en la propuesta del Ejecutivo como en la de algunos senadores se contempla el uso de elementos como el bastón retráctil y el gas pimienta.

Durante la sesión se respaldó por mayoría que los inspectores municipales podrán realizar todas las funciones, salvo las de coadyuvantes con Carabineros hasta que realicen la respectiva capacitación, para lo que tendrán un año y otro de prórroga, a decisión del alcalde, “siempre que se hubieren hecho todas las acciones y no se haya podido”, se precisó. Para este punto se hizo notar que este tipo de capacitación es incipiente y se debe decidir, por ejemplo, quiénes las dictarán.