Sólo seis días alcanzó a durar la vigencia del convenio que el 30 de abril firmó el fiscal nacional Jorge Abbott con la Conferencia Episcopal en que se establecían una serie de medidas de cooperación mutua entre ambas instituciones y que generaron una serie de críticas de parte de las víctimas de abuso sexual por parte de clérigos y de los propios integrantes del Ministerio Público.
Esta tarde Abbott, junto a su equipo de asesores, decidió revocar la suscripción de este acuerdo por lo que no seguirán vigentes las obligaciones interinstitucionales que se habían comprometido cuando se selló el convenio marco en una actividad pública en la que participó el secretario de la Conferencia Episcopal Fernando Ramos.
Ya el viernes 3 cuando el fiscal nacional recibió al presidente de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, a otra de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, el médico James Hamilton, además de integrantes de organizaciones y que han sido afectados por estas causas, el Ministerio Público puso en duda la continuidad del convenio. Tras un análisis en profundidad hoy se terminó por adoptar la decisión que traerá consigo una serie de disposiciones legales.
La figura de Abbott ha estado en estos días en el centro de la polémica e incluso se espera que en los próximos días acuda a la Cámara de Diputados a explicar los motivos por los cuales decidió que la institución que lidera suscribiera este acuerdo de cooperación mutua.
Los principales cuestionamientos apuntaban a que en las investigaciones por abusos cometidos por clérigos existe una serie de sospechas de encubrimiento por altos jerarcas de la Iglesia Católica, lo que hacía inconveniente tener un "acuerdo" con quienes eventualmente serán blanco de formalizaciones o diligencias en estas causas.
Esta tarde, además, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, había afirmado que como gobierno "nos parece muy bien que se revise" el convenio entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal.
