Hoy jueves entró en vigencia la Ley de Entrevistas Videograbadas, en seis regiones del país, cuyo principal objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales en su contra, estableciendo un nuevo marco normativo que regula la toma declaraciones, así como la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas durante el proceso judicial, entre otros factores.
Para celebrar la puesta en marcha de la ley, el ministro de Justicia Hernán Larraín, encabezó una ceremonia en el auditorio del Ministerio Público de la Región del Maule, junto al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; al Fiscal Nacional, Jorge Abbott; al general director de Carabineros, Mario Rozas; y al director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa.
Las regiones en donde la ley comienza a regir desde hoy son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, además del Maule.
La segunda etapa de la ley, en tanto, comenzará el próximo 3 de octubre del 2020, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos; mientras que la tercera etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2021 en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y Metropolitana.
"Cuando se produce un ataque sexual contra un niño, niña o adolescente, en los procesos judiciales anteriores a esta ley, la víctima debía entregar múltiples testimonios a la justicia, provocándose un grave daño producto de la revictimización que supone recordar los hechos una y otra vez. Pero ahora, con la Entrevista Videograbada, el sistema da un paso adelante en el sentido de que se reduce el número de testimonios al mínimo, y estos son realizados en lugares adecuados, con gente especializada para realizar la diligencia, debidamente acreditada", explicó el ministro de Justicia.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, agregó que "esta ley materializa, a nivel normativo, un cambio de paradigma en el trato que se debe dar a los niños, niñas y adolescentes en el proceso penal. Si bien el Poder Judicial venía trabajando en implementar espacios adecuados para estos efectos en las sedes de los tribunales orales, al alero del artículo 208 del Código Procesal Penal, ahora la ley derechamente regula cuidadosamente los resguardos necesarios y asegura un sistema integral e interinstitucional, que demanda un alto grado de coordinación entre los operadores del sistema".
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, indicó que "esta nueva normativa para el Ministerio Público es un gran avance, ya que va a evitar situaciones que hemos conocido históricamente, donde los niños, niñas y adolescentes se ven victimizados una y otra vez al tomárseles diversas declaraciones en el proceso judicial, por diferentes agentes del Estado y también por particulares, como son los miembros del sistema de salud o educación. Esta normativa, dicho de otro modo, viene a cumplir de mejor manera con las obligaciones del Estado de proteger a los menores de edad".
Así, al día de la puesta en marcha, el sistema cuenta con 69 entrevistadores acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pertenecientes a todas las instituciones involucradas, y se encuentran habilitadas un total de 57 salas distribuidas en las seis regiones de la primera fase de implementación.
