Seis organizaciones sociales valoraron la propuesta que hizo ayer el gobierno tras presentar el Plan de Emergencia Habitacional, que espera lograr la construcción de 260 mil viviendas en cuatro años, pero además señalaron que el rol social del Estado debe crecer y que también se debe buscar una solución concreta para las personas en situación de calle.
Fundación Alcanzable, TECHO-Chile, Déficit Cero, Hogar de Cristo, Fundación Urbanismo Social y Nuestra Casa apuntan a que el plan “contempla una diversidad de herramientas para enfrentar la grave crisis -que afecta a 643.534 mil familias-, incluyendo el arriendo como uno de los caminos”, pero que se debe ejecutar de forma tal que el proceso de transición a la formalidad sea digno.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, destaca que el plan es un avance importante que traduce la emergencia habitacional en una urgencia de Estado y valora el esfuerzo por diversificar las soluciones.
“Pero también quedan muchas preguntas que se vinculan a desafíos más estructurales de la política habitacional que creemos que es necesario abordar. El primero es el desafío financiero: se plantea un presupuesto de 340 millones de UF, lo que significa un aumento en los presupuestos, pero cómo se van a recolectar esos recursos, será solo aporte público, habrán iniciativas público-privadas...”.
Bowen continúa: “El segundo está asociado a la planificación, porque actualmente hay una política habitacional altamente atomizada y muy cedida a los criterios de mercado. Es necesario que la planificación sea colaborativa, más allá del banco de suelos y los recursos, hay que planificar las ciudades de manera distinta. Y a esto hay que agregar un tercer desafío que es la gestión, porque actualmente la política es altamente centralizada. Cómo se aprovecha el plan para incorporar municipios, gobiernos regionales, desarrolladores inmobiliario en los procesos de ejecución y diseño de las propuestas”.
Finalmente agrega que la organización de la demanda también es muy importante. “Hay que identificarla, organizarla para canalizar las soluciones... Hay una demanda de poblaciones más excluidas, de adultos mayores, personas en situación de calle, migrantes o con altos niveles de exclusión y que está aumentando. Hay que clarificar cómo se ayuda”.
El Plan de Emergencia Habitacional contempla, entre otras materias, recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional, entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno, impulsar proyectos en todas las comunas del país y asegurar equipamiento social, robustecer el Banco de Suelo Público, diversificar las formas de acceso a la vivienda como la autogestión, las cooperativas y el impulso al arriendo a precio justo, y entablar relaciones más directas con los ciudadanos y gobiernos locales.
Desde TECHO-Chile valoraron el poyecto, ya que “este tipo de iniciativas permiten pasar del ‘dicho al hecho’, estableciendo mecanismos y metas concretas”, según sostiene Loreto Wahr, directora de la Inmobiliaria Social de la institución. Y agrega: “Consideramos clave que los proyectos habitacionales que formen parte del plan sean diversos, cumplan con los más altos estándares, se encuentren bien integrados a las ciudades y cuenten con participación de las comunidades de los distintos territorios”.
Wahr también considera acertada la iniciativa Construyendo Barrios que busca erradicar los campamentos, “pero creemos que es importante avanzar en la transitoriedad desde el apoyo social que requiere. Las viviendas no van a aparecer de la noche a la mañana. Es necesario pensar cómo trabajamos con las familias para que su proceso de transición de la informalidad a la formalidad sea en dignidad y les permita sostener después una vivienda e inserción en la sociedad. Esperamos que este plan de emergencia no solo atienda la urgencia de la crisis habitacional actual, sino que se convierta en una estrategia permanente del Estado”, agrega.
Para Isabel Lacalle, directora ejecutiva de Nuestra Casa, aún falta más claridad respecto a las ayudas que recibirán las familias y personas más vulnerables. “Este plan podría dar respuesta a la demanda existente, sin embargo, no se cuenta con la presencia de los grupos más excluidos e invisibilizados en políticas habitacionales”, sostiene.
Según cifras del Hogar de Cristo, en todo Chile viven cerca de 19 mil personas en situación de calle, y por eso también apuntan a que hay que dar urgencia en esa área.
Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, señala que “la evidencia ha demostrado que la solución de largo plazo es dar acceso a la vivienda y coincidimos con las autoridades en la necesidad de reforzar el Programa Vivienda Primero, por lo que esperamos que en parte este plan de emergencia habitacional lo considere, para así ir avanzando en la superación de esta dramática realidad”.
Mientras, desde Alcanzable destacan el arriendo como una buena herramienta. Pía Mora, directora ejecutiva dice que están disponible para aportar en el desafío que se ha propuesto el gobierno, pero que “se debería integrar un componente de asesoría a los hogares que hoy cuentan con un subsidio de arriendo sin aplicar. Hemos visto en terreno que este apoyo social y el rol de intermediación de parte de organizaciones de la sociedad civil en esta materia, es indispensable”.
En tanto, Camila Ramírez, directora ejecutiva de Fundación Urbanismo Social, añade que para terminar con la crisis que vive el país es una buena noticia partir con una hoja de ruta clara “que considere los instrumentos necesarios para avanzar en disminuir el déficit con foco en lo local y las personas. Debemos trabajar en conjunto y con una mirada amplia e integral, no podemos volver a equivocarnos en ver el desafío como solo construir viviendas, estamos construyendo también territorios”.