A las 9:30 horas de este martes, en la sala 11 del Senado, empezó la tramitación de la Ley Integral de Salud Mental, proyecto que busca mejorar la calidad y oportunidad de atención en la red de salud, además de promover la inclusión social y reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas. Y que además de ser una promesa del programa del Presidente Gabriel Boric, es una de las tres prioridades del Ministerio de Salud, aparte de la reforma y las listas de espera.

A la cita de la Comisión de Salud asistieron las tres autoridades de la cartera sanitaria: la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, con el fin de explicar el contenido de la norma y el proceso en el que se basaron para definir las directrices del proyecto.

En la propuesta, además de la coordinación del Minsal, participaron los ministerios de Justicia, Interior, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda y Urbanismo. Además, la iniciativa fue creada después de 27 diálogos ciudadanos realizados en las distintas regiones del país.

“El objetivo del proyecto es promover y proteger la salud mental y el bienestar de todas las personas. Este no es un proyecto que esté centrado en personas que tengan un trastorno o dolencias, sino en el desarrollo de su vida, con respeto a la dignidad y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, destacó la secretaría de Estado.

En concreto, la iniciativa busca crear un Comité Interministerial de Salud Mental, que deberá, entre otras tareas, hacerse cargo de elaborar la Política Nacional de Salud Mental. Además del Minsal, otros sectores deberán desarrollar medidas para el cuidado de la salud mental en ámbitos como educación, trabajo, vivienda, desarrollo y protección social, justicia, además de un párrafo referido a las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Asimismo, el texto detalla que las corporaciones de Asistencia Judicial podrán entregar asistencia jurídica y representación judicial a personas con discapacidad psíquica, intelectual y de aquellas personas sujetas a una hospitalización involuntaria que lo requieran.

Mientras, que los servicios de atención tendrán orientaciones para que los desarrollos de servicios futuros sean de calidad, cercanos a las comunidades y a los lugares de residencia de las personas, que respondan a las necesidades de la población y se organicen de la forma más integrada posible con el resto de la red de salud.

La iniciativa también modifica otras leyes. Una, por ejemplo, con el fin de que se reconozca que el consumo perjudicial o la dependencia al alcohol y otras drogas es una enfermedad o trastorno mental y para que se establezca la prohibición expresa de las terapias de reconversión que tengan por finalidad modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Aguilera contextualizó que “las personas ahora son más conscientes y tienden a requerir más atención, y eso es una prioridad. Además, tenemos escenarios nuevos que han afectado a todo el mundo, como la pandemia, que significó varias consecuencias en la salud mental”.

Las preocupaciones

En su conjunto, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado valoraron la iniciativa, pero le hicieron ver a la ministra sus preocupaciones en torno al financiamiento y falta de garantías de servicios.

Uno de los primeros en intervenir fue el senador Francisco Chahuán (RN), quien afirmó que “no veo que este proyecto resuelva los problemas de acceso (...) si no más bien sistematiza una nueva institucionalidad de salud mental. Trataría en este impulso poner énfasis en las coberturas, ver cómo podemos mejorar desde el punto de vista financiero del proyecto el acceso. La crisis de la salud mental es una de las crisis más grande que tiene la red y los accesos están determinados por los niveles de ingreso”.

Sobre ese último punto, varios parlamentarios advirtieron de las dificultades que hay en el sistema público para conseguir hora con un psiquiatra: de acuerdo al último conteo había 714 psiquiatras adultos disponibles.

Por último, el senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que “el financiamiento de esta ley va vía presupuesto y esa va a ser una tremenda lucha que vamos a tener que dar y pedir que los recursos financieros sean mayores a los que tenemos, porque la lista de espera es grande y silenciosa”.