¿Vamos a dejarlo hasta acá o quieren una más?

Era cerca de las 20 horas cuando el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, advertía que faltaban solo algunos minutos para que finalizara una maratónica jornada en que la Cámara Alta inició este martes la votación particular del proyecto sobre las Reglas para el uso de la fuerza (RUF), consultándoles a los parlamentarios si querían pronunciarse por otra indicación, de las más de 30 que se votaron, antes del término de la sesión.

Era un proyecto de difícil despacho, no solo por las encontradas posiciones que han manifestado parlamentarios de gobierno y de oposición frente a una reforma clave de la agenda de seguridad que busca dar un rango legal a las normas generales que rigen el uso de la fuerza para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. Si no que también por la gran cantidad de artículos y enmiendas ingresadas por los legisladores.

Por lo mismo, la corporación decidió continuar su debate este miércoles a partir de las 16 horas y hasta su total despacho.

Controvertidas normas

La discusión fue por momentos tensa y beligerante. Uno de los aspectos más controvertidos fue el rechazo a la incorporación de principios como la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza en ciertas situaciones, como buscaba el oficialismo, y también lo relativo a sujetos de especial protección.

En este escenario, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, sinceró que tras el debate se quedó con “una sensación medio amarga”. Por lo mismo, el legislador dijo que una de las opciones que tendría el sector para reponer ciertas indicaciones y artículos sería que el proyecto pudiese pasar a una comisión mixta.

“La sensación amarga es porque creo que se perdieron cosas que se habían aprobado en comisión y que por solicitudes de votación separada o indicaciones que presentaron algunos senadores, sobre todo de oposición, se perdieron cuestiones importantes. Por ejemplo, la proporcionalidad, que me parece que un principio de sentido común para los agentes del Estado que tienen el monopolio del uso de la fuerza”, afirmó.

La senadora del PC, Claudia Pascual, compartió la inquietud de Latorre y señaló que era “bien preocupante lo que estaba pasando”.

En el peor de los casos, Latorre no descartó que el Ejecutivo pueda recurrir a un veto presidencial.

“Creo que la alternativa para mejorar el proyecto está y es ir a comisión mixta y mejorarlo ahí. O bien, incluso, no descartó la herramienta del veto presidencial para aspectos que son críticos y sensibles”, explicó el legislador del FA.

Entre los temas más polémicos que se discutirán este miércoles, figura la Justicia Militar.

Extensa jornada

Desde antes del inicio de la sesión en que se votaría en particular el proyecto que el gobierno ingresó al Congreso en abril de 2023, ya se anticipaba un escenario combativo. De hecho, la discusión debió ser suspendida por varios minutos dado la alta demanda de solicitudes para votaciones separadas de distintos artículos.

Al retomar la sesión, los senadores hicieron uso de sus palabras para dejar claras sus posturas. El primero fue Pedro Araya (IND.-PPD), quien defendió que ha habido un avance en esta materia. “Estoy convencido de que las reglas propuestas en esta sala representan un avance en seguridad”, dijo y luego adelantó que votaría a favor de las indicaciones que salieron de las comisiones de Defensa y Seguridad Pública del Senado, no así con las enmiendas renovadas por la Cámara Baja.

Luego, el senador Alejandro Kusanovic (IND.) tomó la palabra y criticó: “La ola de delincuencia no va para más. El gobierno anterior no actuó por temor y el actual no lo hace por convicciones, y con este proyecto pasa lo mismo. A mi juicio, nuevamente se está cometiendo un error. Se ha vuelto costumbre realizar un mal diagnóstico del problema y, en consecuencia, se propone una pésima solución. Elevar a rango legal el marco normativo que rige la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas no va a solucionar el problema. Al contrario, va a complicar más aún su actuar al imponer requisitos inadecuados y hasta irracionales para que el personal actúe e intervenga eficazmente”.

Desde republicanos, la senadora Carmen Gloria Aravena subrayó que “es esencial que la ley incorpore de manera explícita eximentes de responsabilidad penal previstos en nuestro ordenamiento jurídico y en contextos excepcionales como estados de emergencia, custodia de infraestructura crítica o protección del proceso electoral. Es plenamente razonable que los tribunales militares mantuvieran competencia”.

Otra voz crítica fue la del senador José Miguel Durana (UDI), presidente de la comisión de Seguridad Pública. “Esta norma no está completa porque es necesario establecer el funcionamiento adecuado y eficiente de ciertas normas que no quedaron claras, como son las reglas diferenciadas para grupos de especial protección, el principio de proporcionalidad, la justicia especializada, el resguardo de infraestructura crítica y las exigentes de responsabilidad penal”, reprochó.