Mañana se votará el proyecto de acuerdo presentado por un grupo de 23 senadores, de todo el espectro político, en que solicitarán al Presidente Sebastián Piñera que realice todas "las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias" para "dar auxilio al señor Carlos Cardoen ante Interpol, por la mantención ilegal de la alerta roja".

Además, los parlamentarios buscan que el Mandatario plantee al organismo "su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos".

El requerimiento se basa en que hace 25 años, desde 1993, Interpol mantiene una alerta roja contra el empresario chileno, a petición del gobierno de Estados Unidos. La solicitud fue reiterada por dicho país en 2009 y fue renovada por el organismo policial hasta 2019.

La notificación emitida por Interpol implica que Cardoen no puede abandonar el país. A juicio de los senadores, dicha situación "vulnera libertades y derechos humanos" del empresario.

El empresario, exfabricante de armas, tiene una denuncia del gobierno de EE.UU. por exportación ilegal de circonio, material usado para la fabricación de bombas de racimo y que fue vendido a Irak.

El proyecto, además, se presenta en un momento clave. En octubre, Chile será sede de la Asamblea General de la Interpol, por lo que los senadores consideran pertinente la ocasión "para plantear la necesidad de revisión de sus prácticas institucionales".

José Miguel Insulza (PS) señaló que conoció el caso cuando era canciller de Chile en la década de los 90. Relató que en ese periodo, cuando habló con las autoridades norteamericanas, le manifestaron que mientras el tribunal siguiera sin cerrar el caso, "no podían hacer nada al respecto". "Este proceso, desde el punto de vista de Estados Unidos, perdió todo el interés hace mucho tiempo", afirmó.

Insulza añadió que "esto es un tema de mínima justicia y está basado en una falacia, porque el señor no está prófugo, por lo que me parece una cosa bien absurda".

Pese a que han pasado dos décadas, el gobierno estadounidense, según se detalla en el documento, no ha presentado una solicitud de extradición, aunque se sepa que él reside en territorio chileno y de manera pública. La situación, dicen los senadores en el documento, le impide "toda posible defensa ante un tribunal competente".

De acuerdo a un informe en derecho presentado por el abogado Hernán Salinas, el no solicitar la extradición "se traduce en una medida abusiva que vulnera los mecanismos de cooperación judicial entre ese país (EE.UU.) y Chile".

Luz Ebensperger (UDI), senadora de la Región de Tarapacá, fue otra de las que adhirieron al proyecto. Sobre Cardoen, tiene recuerdos de su paso por la región nortina: "Estuvo acá mucho tiempo, fue un empresario que aportó mucho a la región y al país", afirmó. Para ella, "aquí hay un exceso de celo de Estados Unidos en contra de él y creo que es importante que, frente a un chileno que está acosado por otro país, este pueda hacer las gestiones diplomáticas necesarias para ver si se puede poner término a esa situación".

La última vez que Cardoen acudió al Senado fue el pasado 19 de noviembre, donde fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos.

Este proyecto de acuerdo se suma a otras tres instancias en que el Senado ha manifestado su preocupación por la situación: en julio de 1997, mayo de 2001 y marzo de 2005. También, la Cancillería ha enviado siete notas diplomáticas al gobierno de EE.UU.