Sename adeuda $ 5 mil millones a organismos colaboradores

El artículo 80 bis de la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia, faculta a los juzgados a enviar a niños vulnerados a los programas de protección a cargo de organismos colaboradores (Ocas) de la sociedad civil e instituciones sin fines de lucro. Esta medida obliga a los Ocas a abrir vacantes para dar atención a estos menores. Sin embargo, el retraso en el pago por ello desde el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido un constante problema para el normal funcionamiento de estas instituciones privadas, debido al retraso permanente en los pagos desde el Estado.

Los montos impagos, según información a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia, alcanzan a la fecha los $ 5.361.750.219.

Del total, casi $ 1.300 millones se arrastran por atenciones prestadas entre 2013 y 2017, mientas que $ 4 mil millones corresponden a 2018. El organismo colaborador al cual más se debe es la ONG Proyecta, lo siguen Corporación Opción, con una deuda de $ 566 millones y Fundación Ciudad del Niño, con $ 411 millones (ver infografía).

Pese al número actual, la directora del Sename, Susana Tonda, destacó que la deuda histórica es casi inexistente en la actualidad, en comparación a lo que ocurría en años anteriores. Tonda enfatizó que los montos que quedan por pagar corresponden en su mayoría a servicios prestados en 2018, con un retraso de dos meses, propio de la revisión que se da al cumplimiento de los privados. Además, explicó que estos dineros son principalmente de programas ambulatorios y de familias de acogida y no así en el caso de las residencias.

Sin embargo, aseguró que los recursos actuales del servicio no alcanzarán para toda la demanda que habrá en 2018. "El 80 bis crece y vamos a requerir dineros adicionales para cumplir este año", indicó.

Para evitar que esta situación no se repita, Tonda anunció que a partir del próximo año esta realidad debería cambiar con el rediseño de los programas ambulatorios que preparan junto a la Universidad Católica, supervisados por la Unicef.

El rol de los organismos colaboradores y los recursos que el Estado traspasa a estas instituciones es otro de los aspectos que se evalúan en el informe elaborado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se conoció el lunes recién pasado y que estableció de manera categórica que Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos del niño durante 40 años.

El organismo cuestiona la "visión caritativa de la acción del Estado (...), muy lejos de la obligación jurídica de poner los recursos necesarios para garantizar los derechos". En este sentido, el documento critica que la transferencia a los Ocas tenga un tope máximo del 65% del costo por niño, lo cual obliga a estas organizaciones a "financiar el resto organizando actividades filantrópicas".

En este cuestionamiento coinciden actores de la sociedad civil y autoridades. Para Teresa Izquierdo, coordinadora de la Mesa Técnica de Residencias, "la subvención que nos dan no alcanza para atender con calidad lo que necesitan los niños. Se necesita entender que la atención a la infancia vulnerable es una UCI y no un consultorio".

De acuerdo a Candy Fabio, vocera de Unicef, "está instalado que la subvención que establece el Estado no es suficiente para la atención digna que requieren los niños vulnerados en sus derechos".

La especialista apuntó que el problema surge en la alta cantidad de niños que son separados por su familia. "Esto debiese ocurrir cuando hay graves vulneraciones de derechos. Si se hiciera un trabajo con las familias, habría menos niños internados", señaló Fabio.

La directora del Sename coincide con el diagnóstico de Naciones Unidas e indicó que "como servicio no estamos entregando los recursos que se necesitan".

Tonda destacó que la Mesa de Acuerdo Nacional por la Infancia acordó un cambio en el modelo de financiamiento del sistema de protección, lo cual será trabajado próximamente. "Tenemos que redefinir los estándares y cuál es la estructura de financiamiento más adecuada, con los incentivos apropiados. A ello debemos sumar cambios en el modelo de intervención y de supervisión".

En la actualidad, el Congreso discute el proyecto del gobierno que contempla un aumento del 25% en el tope de la subvención para los organismos colaboradores. Pese a valorar el cambio, desde el sector privado reconocen que aún ello es insuficiente. "Un trabajador por trato directo gana 16% más que el sueldo mínimo, con toda la responsabilidad de cuidar a un niño. Con este monto recién podremos hacer justicia a las remuneraciones y tener profesionales estables", señaló Teresa Izquierdo.