Este jueves, la Unicef entregó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dos estudios solicitados por el Sename y financiados por el organismo internacional que proponen el fortalecimiento de las familias de acogidas y de programas ambulatorios para proteger a los niños cuyos derechos han sido vulnerados. Recomendaciones que fueron adoptadas por el servicio que anunció un rediseño en sus programas.
Sobre este tema, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que la alternativa de las familias de acogida "han ido surgiendo en los últimos años" y durante los últimos años se ha ido trabajando para entregarle más responsabilidades.
Actualmente, "hay más menores siendo atendidos por familias de acogidas que en residencias", aseguró Larraín.
Respecto a las medidas que se tomarán para fortalecer este ámbito, la directora del Sename, Susana Tonda, explicó que se contemplan programas de evaluación y acompañamientos a dichas familias para que estén en mejores condiciones para trabajar con los niños.
Desde la Unicef su director, Paolo Mefalopulos, sostuvo que "están bajando los niños en instituciones, están aumentando los niños que están en familia (...) Este es un problema complejo que requiere de soluciones complejas y creemos que estamos en la dirección correcta.
Este informe fue elaborado por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica.
Además se busca implementar un programa de familias de acogida de emergencia que permitirían solucionar problemas transitorios hasta que los menores puedan ser recibidos por familias de acogidas definitivas, lo que permitiría disminuir significativamente las listas de espera.
Programas ambulatorios
La Unicef realizó también un estudio de la oferta global de programas ambulatorios a nivel nacional. Aquí detectó que existen inciativas que se traslapan entre sí lo que provoca en algunos casos la sobreintervención de un niño, mientras en otros existe déficit de oferta.
Para enfrentar esta situación, se diseñará un programa multimodal territorial, que comenzará a aplicarse en las 23 comunas donde hay mayor lista de espera.
Este último estudio fue elaborado por el Centro Iberamericano de Derechos del Niños, por encargo del organismo internacional.