El expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez tienen algo en común: ambos se vieron involucrados en casos de lavado de activos y cohecho, y terminaron condenados en mediáticos procesos judiciales.
Tras la indagación de estos y otros casos estuvo la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el servicio público que busca prevenir e impedir este tipo de delitos financieros, y que este miércoles cumple 16 años, al igual que la ley que lo creó, en 2003.
Según un balance de la UAF, entre 2007 y 2018 se produjeron 107 sentencias condenatorias por estos delitos, que se pueden agrupar en 72 casos, y que han dejado a 207 personas condenadas.
Para ello se han debido perseguir los "delitos de base", como el narcotráfico y el fraude al Fisco, y desbaratar las estructuras financieras que les permitían operar con impunidad.
Para analizar la información recopilada en esos 12 años, la UAF sistematizó los casos e identificó cinco tipos de lavados de activos. El más común, detectado en 59 casos, es el uso de testaferros para delinquir, es decir, la inscripción de bienes a nombre de terceros para ocultar su origen.
El principal "delito base" por el que se llegó a estas estructuras de ocultamiento fueron tráfico de drogas (77 casos), cohecho (10 casos) y fraude al Fisco (siete casos). Sin embargo, desde 2014 a la fecha, la participación del tráfico de drogas como delito inicial ha disminuido, mientras que el de corrupción ha aumentado, según las sentencias.
Todo ello permitió que, en los 12 años analizados, la justicia haya decomisado $ 8.630 millones, repartidos en 121 bienes inmuebles (43%), dinero comisado (34%), 256 vehículos (22%) e incluso dos maquinarias industriales. Además, las sentencias condenatorias generaron multas por $ 19.824 millones a los condenados.
Mejoras al sistema
El director de la UAF, Javier Cruz, dice que estas cifras demuestran que "la coordinación y los procesos de capacitación están dando frutos" en la persecución de estos delitos, pero que el sistema podría mejorar, por ejemplo, incluyendo nuevos sectores económicos en la prevención de lavados de activos.
"Las automotoras no son parte del sistema antilavados en Chile, como en otros países. Consideramos que pese a que son un número elevado de empresas que se dedican a ese rubro, su aporte puede ser muy importante, ya que tienen una inmediatez con los clientes, especialmente con aquellos que pueden comprar vehículos de alta gama", dice.
Cruz también incluiría a sectores como la compraventa de oro y crearía un registro de beneficiarios finales que, según él, se ha convertido en una exigencia de la Ocde para saber quién está detrás de las sociedades. Para todo ello es necesario un cambio legal.
"Los delincuentes han adquirido más experiencia en cómo ajustar el trazo de los dineros ilícitos, creando sociedades pantalla o de papel, que solo aparentan actividad económica que no es tal. Tenemos que buscar todas las actividades que permitan a los delincuentes adquirir bienes", agrega.
Según el mismo informe de la UAF, en el período analizado los sectores económicos que se vieron más vulnerados por estos delitos fueron las notarías (59 casos), automotoras (51 casos) y los bancos (42 casos).
