La empresa Rollux se dedica a la fabricación y comercialización de cortinas. Pero durante la pandemia, su giro en el Servicio de Impuestos Internos (SII) cambió a productos farmacéuticos y medicinales. Con esta actividad obtiene un permiso en la comisaría virtual para sus 20 trabajadores, permitiéndole mantener sus labores de manufactura textil.

El caso fue expuesto este lunes por el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para ejemplificar los resquicios a los que han recurrido algunas firmas para vulnerar la cuarentena.

No es todo. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha abierto 246 sumarios contra comercio no esencial que abrió en cuarentena.

Los casos van desde locales de comida y artesanías a inmobiliarias y fundiciones (ver nota secundaria).

Del total de sumarios, ya se han cursado multas a 15 personas naturales y jurídicas, por un total de $ 2,5 millones (50 UTM). Estos antecedentes, además, fueron derivados por la seremi al Ministerio Público.

Además, estos procesos han sobreseído a cinco firmas, entre ellas, dos sucursales de Claro S.A., la Comercializadora Gonzalo Mauricio, Karcher Chile S.A. (dedicada a la venta de lavadoras industriales) y Comercial Harvest S.A.

La seremi de Salud, Paula Labra, explicó a La Tercera que “son sumarios por fiscalizaciones asociadas a comercio no esencial en comunas que están en cuarentena. Hemos visto tiendas que no son esenciales abiertas al público, en las cuales hacemos prohibición de funcionamiento, y otros casos donde utilizan un giro distinto o lo amplían a productos farmacéuticos, por ejemplo”.

Labra destacó que hoy existen 375 funcionarios realizando casi tres mil fiscalizaciones diarias en la región. “Siempre hemos detectado que la gente incumple, y ahora vemos que buscan otros subterfugios para poder seguir funcionando”, acotó Labra.

Para detectar estas irregularidades, Labra detalló que los fiscalizadores concurren a los comercios abiertos con PDI o Carabineros, quienes “revisan los permisos temporales que tienen las personas, donde aparece el giro, y si estamos en una empresa de fabricación de cortinas, por ejemplo, y vemos que dice productos farmacéuticos, es bastante evidente que hay un incumplimiento, que se falsificó el permiso”.

En esa línea, Guevara sostuvo ayer que se han recibido 2.160 denuncias de parte de trabajadores contra sus empleadores por incumplir las normas sanitarias. Del total, según la intendencia, el 50,4% es por incumplimiento de medidas sanitarias, las que se traducen en 1.088 casos. De estas, 850 fueron presentadas por los mismos trabajadores, que acusan a sus empleadores de no respetar la normativa vigente y de utilizar permisos colectivos fraudulentos para conseguir salvoconductos.

Una denuncia, por ejemplo, es contra la Empresa Génesis S.A. En esta se relata que a los trabajadores se les hizo un salvoconducto irregular en la comuna de San Bernardo.

“Entregó salvoconducto colectivo por transporte de medicamentos, gas y minería, cuando en realidad la empresa es de construcción de carrocería. Gerente amenaza con sanciones al incumplimiento de su asistencia a trabajadores, dependientes con problemas crónicos, sin entrega de medidas de protección básicos, como mascarillas, ya con varios contagios al interior, y asistiendo en transporte público a trabajar desde otras comunas”, dice la acusación derivada desde la intendencia hacia la Seremi de Salud.

En este panorama, “el llamado es a denunciar. Que todos quienes conozcan a algún cercano que está yendo a trabajar, por favor, que lo denuncie”, dijo el intendente Guevara.

El rol del SII

El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo este lunes que “estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de esenciales y obtienen permisos inadecuados”, y que para detectar eventuales irregularidades en estos giros, “la subsecretaria Martorell está iniciando una fuerte fiscalización contra todas las empresas que están incumpliendo estos instructivos y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el SII para tratar de ubicar las que están actuando de forma inadecuada”.

En tanto, ayer la ministra del Trabajo, María José Zaldivar, sostuvo que “lo que hoy estuvimos trabajando es en las fiscalizaciones en terreno. Es el cruce de datos sobre ampliación del giro, teniendo presente que algunas (empresas) lo hagan legítimamente para reinventarse para mantener la fuente laboral de los trabajadores. Estamos poniendo foco ahí”, dijo.

Este lunes, también, la subsecretaria Martorell llegó junto a la PDI a fiscalizar las faenas de la empresa Fashion Park’s, la cual fue denunciada por la periodista Alejandra Matus de obtener un permiso para funcionar como “empresa de seguridad”, denuncia que, además, llegó de manera anónima al gobierno.

“Aquellos empresarios que piensen que pueden obligar a sus trabajadores, buscando alguna artimaña para hacerlos trabajar cuando no son rubros esenciales, enfrentan penas de delitos que pueden alcanzar incluso los tres años de privación de libertad”, dijo la autoridad.