Como una situación de gravedad y urgencia calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las circunstancias en las que se encuentran los niños del CREAD de Playa Ancha, luego que un grupo de legisladores y autoridades recurrieran al organismo internacional para solicitar la intervención de entes externos ante las vulneraciones de las que han sido víctimas menores en situación de vulnerabilidad.
Pero ¿qué significa este dictamen para el país? Según explica el abogado Juan Carlos Manríquez, uno de los recurrentes a la Comisión en Washington y quien representa al senador Francisco Chahuán, a la senadora Yasna Provoste y el ex diputado Aldo Cornejo en la causa, el fallo establece que "el sistema internacional de protección de derechos humanos le exige a Chile que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de protección de menores, niños y adolescentes".
"En segundo lugar, implica que se debe cumplir con esa obligación internacional dentro de ese mismo sistema interamericano y, además, adoptar medidas inmediatas, urgentes y efectivas en lo que dice relación con la intervención de los CREAD y, eventualmente, sustituir el Sename y otros servicios", dijo, agregando que todo ello, "para adoptar todas aquellas otras medidas que hagan que el país transite hacia un estándar de primer mundo".
Asimismo, detalla que en materia de derechos fundamentales "ésta es una verdadera oportunidad para el Estado Chileno", en materia de protección de menores.
En la misma línea, menciona que la resolución de la OEA -en la que Chile fue notificado el pasado 15 de marzo- "es del todo relevante porque responde a inquietudes planeadas por diversos actores del asunto Sename, tanto como el CREAD de Playa Ancha de Valparaíso, y a nivel nacional, como lo que ocurre en Ñuñoa".
Y puntualiza: "Esto ya constituye un hito respecto de la protección del derecho de las personas en el sistema interamericano", mencionando que "en el plano regional, insistiremos para que la investigación por la querella avance rápido hasta una formalización".
Por último, recalcó que el dictamen es el paso previo para que, en cualquier eventualidad, se pueda recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
