En el capítulo 2 de su programa de gobierno (noviembre, 2021), el Presidente Gabriel Boric (CS) comprometió “avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades”. Y dentro del marco de la transición energética, “la reparación socioambiental de las zonas de sacrificio”.

Luego, en su primera cuenta pública (junio, 2022), el Mandatario señaló como “urgente ocuparnos de quienes viven en zonas de sacrificio. Para ello fortaleceremos la recuperación ambiental y social en zonas como Huasco, Coronel, Quintero, Puchuncaví, Mejillones, Tocopilla y Tiltil, para generar condiciones de transición justa que entreguen soluciones de largo plazo a comunidades que por años han luchado por una vida digna”.

Sin embargo, tras completar su primer año de gobierno -durante el cual anunció el cese de la fundición y refinería de concentrados de cobre de Codelco, en Ventanas (Puchuncaví)-, la comunidad de Quintero sigue experimentando eventos de intoxicación asociados a gases.

El 17, 23, 29, 30 y 31 de marzo, 306 personas -en su mayoría estudiantes- fueron atendidas por equipos de salud debido a “síntomas asociados a la contaminación atmosférica, las que presentaron cefaleas, mareos, ardor de ojos, garganta y náuseas en algunos casos”, informó la Municipalidad de Quintero. A lo anterior se suma que el lunes de esta semana hubo otras 88 atenciones, mientras que la mañana del martes se registraron otras 11 atenciones médicas, sumando un total de 405 personas afectadas.

Respecto a estas emergencias, la concejala Tamara Tello (Ind.) sostuvo que “indignante es ver que a pesar de los compromisos del Presidente Gabriel Boric en su programa para abordar la crisis ambiental en Quintero y reparar las zonas de sacrificio, las personas continúan sufriendo síntomas de intoxicación por gases tóxicos en la zona. Sería increíble que el Presidente y su equipo vinieran a instalarse por unos meses con sus familias, para que entiendan la cruda realidad histórica de nuestra comuna”.

Ante las críticas y los nulos resultados del trabajo realizado en terreno, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño (CS), aseguró que en Quintero y Puchuncaví están trabajando por “una transición que sea social y ambientalmente justa. Esto significa que, por un lado, estamos trabajando en disminuir la contaminación en esta zona y, por otro, en cómo pensamos su futuro productivo, para que las consecuencias de un desarrollo sucio no las paguen los mismos de siempre”.

Respecto de las medidas que están implementando para evitar nuevos incidentes, Proaño agregó que están terminando de instalar equipos de monitoreo, “porque el gran problema que enfrentamos es que la información con la que contamos cuando hay episodios de intoxicación es insuficiente, y no sabemos con exactitud qué es lo que están respirando los niños en los colegios”.

La situación se repite al menos desde 2018, cuando 1.770 personas acudieron a consultas médicas por presunta intoxicación por gases. Tres años después de esa crisis ambiental, el expresidente Sebastián Piñera aún no cumplía con las medidas anunciadas para evitar nuevas intoxicaciones. Además, la seremi de Medio Ambiente informó este año de dos alertas ambientales (29 de enero y 16 de marzo) por normas primarias de calidad del aire y dos jornadas de preemergencia por SO2.

Este lunes, funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) “realizaron rondas de olores en las cercanías de los colegios afectados (...). En la ronda de olores se tomó una muestra de canister, que será posteriormente analizada por el laboratorio de la SMA. Adicionalmente, se chequeó el cumplimiento del plan operacional de ENAP Terminal Quintero”, informó Carolina Silva, jefa de la oficina regional de la SMA Valparaíso.

“Cabe indicar que las estaciones de monitoreo de calidad ambiental no han presentado alzas que impliquen una situación de emergencia” agregó.

No obstante, para el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero, Daniel Torres, “no ha existido un resultado positivo por parte de las entidades del Estado, responsables de dar estas garantías a la población. Ni Salud, Medio Ambiente ni la SMA han encontrado el origen de los últimos episodios”.

“Como municipio estamos preocupados porque a pesar de todos los parámetros que indican las estaciones de medición, tenemos afectación en las personas. Y de alguna manera estamos haciendo las coordinaciones con los estamentos gubernamentales, en este caso Salud, con el fin de poder disponer de medidas que vayan en la mitigación de los efectos en las personas, que es lo que hoy en día no hemos podido visibilizar, y que claramente es fundamental para la tranquilidad de la población”, comentó Torres.

En paralelo, la delegada presidencial regional, Sofía González (PC), decretó desde marzo a la fecha nueve protocolos de Gestión de Episodios Críticos (GEC), que obliga a las industrias a reducir sus emisiones. Durante el tercer mes del año, González emitió las resoluciones “de acuerdo al pronóstico de ventilación atmosférica”, los que comenzaron a regir durante la tarde y por un lapso de cinco horas (excepto el viernes 17, cuando partió a las 11:00).

En abril, en tanto, justificó tres decretos “de acuerdo al pronóstico de ventilación atmosférica informado por la seremi del Medio Ambiente” y un cuarto (3 de abril, entre 13:00 y 18:00) por “aumento en las atenciones médicas”.

El último comenzó a regir a las 22:00 del lunes y se extendió hasta las 09:59 horas del martes. Al revisar la estación de monitoreo de La Greda (Puchuncaví), a las 9:00, destaca un peak de SO2 de 212,95 µg ∕ m3N, luego de presentar valores entre los 10 y 12 µg ∕ m3N toda la noche. Según la normativa, el máximo es de 350 µg/m3N por hora.

Respecto al episodio del lunes, la seremi de Salud, Lorena Cofré, le solicitó a la delegada -vía oficio- evaluar la declaración de la GEC, considerando “la información recabada hasta las 12:00 del día 3 de abril de 2023 por esta Autoridad Sanitaria, en la que se indica el número de personas atendidas en la red asistencial, con diagnóstico asociado a efectos tóxicos de otros gases, como humo o vapores (código T59)”. Hasta ese minuto, 20 eran los afectados, tenían entre 4 y 11 años y presentaron “cefalea, odinofagia e irritación ocular” así como “dolor abdominal y dificultad respiratoria”.

“Las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para proteger la salud de las personas. Es una incompetencia brutal que raya en una actitud criminal. Es incomprensible que, a pesar de los nueve protocolos de reducción de emisiones, y las alertas ambientales y pre-emergencias emitidas en 2023, los síntomas de intoxicación persistan” cierra la concejala Tello.

En Quintero, Puchuncaví y Concón opera un cordón industrial conformado por 19 empresas del rubro energético, donde se cuenta a Codelco, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), AES Andes (ex AES Gener), GNL y Oxiquim, entre otras. Según el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Gener emite Material Particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2); Codelco, SO2; y Enap, MP, NOx, SO2 y otros gases.

En 2015, la zona fue declarada saturada de MP -de concentraciones 2,5 y 10- y en 2018 fue promulgado un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA). Luego, en 2019, fue decretada la norma primaria de calidad del aire para SO2. Y, en enero de este año, el MMA emitió una resolución en donde establece criterios para determinar condiciones de ventilación para la promulgación de la GEC.

Para María Araya, presidenta del consejo consultivo de salud del Hospital de Quintero, las acciones implementadas han sido insuficientes: “Llevamos más de cinco años sin tomar medidas. Hacen y sacan proyectos para instalar estaciones, para seguir midiendo. No sé qué van a medir, porque el SO2 está normado (...) no así con los hidrocarburos, que son los gases que están produciendo intoxicaciones en nuestros hijos y desgraciadamente hasta hoy no han hecho nada. No tenemos normativa. No tenemos cómo medir”.

“Hoy estamos pagando algo que no deberíamos, la salud de nuestros hijos, por una economía y energía a nivel nacional. Y nadie ha dicho algo. Son buenos para venir a pedir votos, pero cuando hay que ponerle el cascabel al gato, todavía no se lo ponen. En realidad, no trabajan con las comunidades. Toman decisiones detrás de un escritorio”, agregó la dirigenta, quien aseguró que en 2022 “tuvimos más de 800 niños intoxicados”.

Lizet Lobos, jefa del Departamento de Medioambiente del municipio de Quintero, también se refirió al sistema de medición de gases: “Nosotros nos encontramos trabajando principalmente con la plataforma que entrega el MMA, que también es la misma que revisan los establecimientos educacionales. Sabemos que hay ciertos compuestos que no están siendo medidos, que tampoco están normados y por ende no sabemos bien qué puede estar afectando tanto a la comunidad”.

En tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), comentó que el origen de los cuadros de intoxicación “está en estudio. Todavía no se sabe con certeza quiénes son los responsables”.