En prisión preventiva deberán permanecer ocho funcionarios del Ejército que en el marco de las protestas tras el 18 de octubre de 2019, detuvieron a dos jóvenes y simularon fusilarlos en las afueras del cementerio de Temuco.
La Corte de Apelaciones de Temuco dispuso la medida cautelar para los uniformados investigados por el delito de torturas.
El tribunal de alzada revirtió la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, que en primera instancia desestimó la solicitud de privación de libertad de los militares que hizo la unidad que investiga delitos cometidos por agentes del Estado de la Fiscalía Regional de La Araucanía y dejó a los imputados con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse a las víctimas.
“La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco acogió los planteamientos de la fiscalía y en tal sentido revocó los resuelto por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, días atrás y dispuso la prisión preventiva de todos y cada uno de los ocho imputados en esta investigación. En ese sentido los hechos que se les atribuyen los que dicen relación con la simulación de un fusilamiento ocurrido el 22 de octubre de 2019 en Temuco, son constitutivos del delito de tortura, porque tuvieron la finalidad de castigar a las víctimas por su participación en manifestaciones sociales y no de apremios ilegítimos como lo habría señalado en su momento el Juzgado de Garantía de esta ciudad”, explicó el fiscal a cargo de la investigación Raúl Espinoza.
Los hechos descritos ante el tribunal de alzada respecto a la investigación de los uniformados, da cuenta que a las 22.30 horas del 22 de octubre de 2019 las víctimas R.G.Q. y C.C.M. se encontraban en la esquina de las calles San Martín y Palihue, Temuco, lugar en el que se desarrollaba una manifestación pública, cuando fueron detenidos por funcionarios del Ejército que se movilizaban en un jeep y una camioneta institucionales. Tras obligarlos a pedir disculpas a gritos a los vecinos por los hechos que le atribuían, los agredieron con golpes en diversas partes de sus cuerpos y ataron sus manos con amarras plásticas. A continuación, ambas víctimas fueron subidas al jeep y trasladados hasta las inmediaciones del cerro Ñielol. En las cercanías de la intersección de las calles Carrera y Balmaceda, se les conminó a ubicarse junto a un muro de deslinde del Cementerio General de esta ciudad, con la frente apoyada en la pared, sin mirar hacia atrás.
En la formalización la fiscalía relató que los funcionarios del Ejercito se ubicaron a las espaldas de las víctimas y les exigieron gritar disculpas al país por haber estado protestando. En ese instante R.G.Q. fue agredido por uno de los imputados, quien, al ver que dicha víctima miró hacia atrás, lo golpeó con su fusil en las costillas.
Posteriormente, de acuerdo a la versión de la fiscalía, con la intención de castigar a las víctimas por su intervención en las protestas, se formaron en posición de fusilamiento, manipularon sus armas, haciendo que emitieran el ruido propio del proceso de carga. Con sus conductas sugerían que dispararían en contra de los detenidos que continuaron siendo obligados a no mirar hacia atrás.
En ese momento, de acuerdo a la indagatoria del Ministerio Público, uno de los militares se acercó a las víctimas y les ordenó retirarse por el mismo lugar que usaron para llegar, amenazándolas con dispararles y matarlos si se devolvían. Las víctimas, ya desatadas de sus manos, huyeron angustiadas, mientras seguían siendo agredidas con golpes de pie en sus glúteos por parte de los imputados.
Los militares no dieron cuenta a autoridad policial de la detención efectuada.
En la primera audiencia, el fiscal Raúl Espinoza con pruebas documentales demostró que a causa de las agresiones sufridas R.G.Q. sufrió una contusión infracostal, múltiples lesiones erosivas, mientras que C.C.M. sufrió equimosis en región dorsal infracostal derecha de aproximadamente 3x6 centímetros, equimosis en fosa iliaca derecha de aproximadamente 3x3 centímetros y eritema en región lumbar sin signos de fractura, lesiones médicamente calificadas de leves.
Los integrantes del destacamento Tucapel de Temuco, deberán permanecer privados de libertad en esa unidad militar mientras culmina la investigación fijada en un plazo de cinco meses.
