Un llamado a "reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionados con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales" y a cerciorarse de que los uniformados "cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extras" realizó Human Rights Internacional tras desplegarse en el país entre el 11 y 22 de noviembre para investigar las acusaciones de vulneraciones a los derechos fundamentales en el marco del estallido social.
En el reporte, que se dio a conocer este martes, la organización acusó "graves violaciones a los derechos humanos" cometidos por miembros de la fuerza policial chilena y pidió que la institución fuera reformada "de manera urgente".
Respecto a la rendición de cuentas internas, la entidad llamó a "reformar el sistema de disciplina para que las decisiones las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos".
En este sentido, Human Rights Watch identificó que al interior de Carabineros existe una "insuficiente rendición de cuentas" y que los uniformados están sometidos a "condiciones de trabajo extenuantes" junto a "violencia por parte de los manifestantes".
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Insuficiente rendición de cuentas internas
Según consigna el reporte, los carabineros cuentan con un procedimiento disciplinario interno que prevé sanciones administrativas para aquellos que cometan abusos, incluida la expulsión de la fuerza, pero "el sistema carece de independencia y transparencia". Esto, porque "las posibles irregularidades son investigadas por una subdirección de asuntos internos integrada por cerca de 400 personas", según indicó el Contralor General.
No obstante, los investigadores de asuntos internos pueden ser trasladados a otros sectores de Carabineros y terminar trabajando junto a los mismos agentes a quienes antes investigaron o, incluso, podrían quedar subordinados a ellos. Una vez que se investiga una irregularidad, los resultados se envían a "fiscalías administrativas", a cargo de coroneles. Estos coroneles no siempre cuentan con formación de abogados, señaló el contralor.
Por lo general, trabajan en esa función unos tres a cinco años, y luego son transferidos a otras funciones dentro de Carabineros. Los coroneles emiten una recomendación de medida disciplinaria, pero la decisión final la toma el superior inmediato del carabinero que está siendo investigado.
La Presidencia de Chile indicó a Human Rights Watch que, al 19 de noviembre, había 273 casos administrativos en trámite contra carabineros por incidentes relacionados con las protestas, y otros 73 casos eran objeto de investigación preliminar. Human Rights Watch no pudo encontrar información pública sobre estas u otras investigaciones de asuntos internos, ni sobre su resultado.
Condiciones de trabajo extenuantes
Las manifestaciones han obligado a muchos carabineros a trabajar turnos mucho más prolongados de lo normal -jornadas de hasta 16 horas, en vez de 8- sin tomar días de descanso
ni remuneración por horas extra, explicaron comandantes de Carabineros a Human Rights Watch.
La institución del orden movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país, indicó el general director, Mario Rozas. De estos, apenas 1.400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas.
Sin embargo, ante la magnitud de las manifestaciones, las autoridades movilizaron incluso a agentes que hacen tareas administrativas, tras "recibir una capacitación de apenas un día", contaron varios carabineros al organismo.
El reporte también consigna que "en las calles, los carabineros se toparon con decenas de miles de manifestantes, pero también con grupos que provocaron disturbios extremadamente violentos. Entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, 1.896 carabineros resultaron lesionados en el contexto de las manifestaciones, indicaron autoridades de Carabineros".
Según datos oficiales, 127 sufrieron lesiones graves, incluidos cinco que perdieron parcial o totalmente la visión. Al menos dos sufrieron quemaduras por efectos de cócteles Molotov y otros sufrieron fracturas, indicó el médico Alberto Naranjo, jefe de urgencias del Hospital de Carabineros en Santiago.
Entre los testimonios que consigna el informe se encuentra el del teniente Leandro Veloso, de 33 años, quien relató que el pasado 12 de noviembre, junto a un grupo de 8 carabineros, llamaron a 200 manifestantes a que despejaran las calles de Paine, momento en que aseguró que éstos comenzaron a lanzarles piedras.
Velozo escuchó disparos y luego sintió el impacto en el ojo derecho. Los médicos le dijeron que el proyectil le había desgarrado las venas dentro del ojo y que "sólo tenía posibilidades de recuperar la visión parcialmente", relató.