Socavones: Defendamos la Ciudad denuncia ante Contraloría que edificios en dunas vulneraron Plan Regulador Comunal

La tarde de este miércoles la fundación Defendamos la Ciudad presentó una denuncia en la Contraloría General de la República donde solicita al contralor Jorge Bermúdez fiscalizar una supuesta vulneración al Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar durante la construcción de edificios aislados y en altura en el campo dunar, específicamente, de aquellos con más de 7 metros de altura y erigidos en terrenos cuya pendiente supera los 29° de inclinación.

Según expone en el requerimiento Patricio Herman, presidente de la fundación, el instrumento de planificación urbana -de 2002- establece que en los predios de esas características sólo se pueden construir edificios escalonados o aterrazados, “tal como señala la normativa de la zona V3 del PRC de Viña del Mar”.

Los edificios Kandinsky, las torres A y B del Miramar Reñaca y el Santorini Norte se ubican en terrenos con una inclinación superior a los 29°, asegura Herman. Pero -agrega- de los cuatro, únicamente el Santorini cumple con el requisito de ser aterrazado, por lo tanto, “su inversionista actuó correctamente”.

En el documento, Herman destaca la competencia de los profesionales que integran la Contraloría, por lo que “hemos resuelto solicitarle a usted el análisis de la imprudente e ilegal localización de los edificios aislados en altura, afectados por los socavones en la comuna de Viña del Mar que impiden la habitabilidad de los mismos”.

“A pesar de que estamos ante hechos consumados”, prosigue, “debido a que los departamentos de los edificios aislados ya fueron inscritos en el CBR (Conservador de Bienes Raíces) de esa ciudad, solo le solicitamos que la Contraloría Regional de Valparaíso inicie sumarios administrativos en contra de todos los funcionarios municipales que han intervenido en las aprobaciones de los respectivos permisos para los edificios aislados en altura, cuyos titulares aplanaron sus terrenos para burlar el PRC”.

Herman comenta a La Tercera, respecto de la prescripción de la responsabilidad administrativa, que “en Chile estamos llenos de prescripciones. Acuérdese de la prescripción que operó para los constructores que recibieron estos terrenos (el campo dunar), de parte de la Caja de Empleados Particulares. Ellos quedaron debiendo muchos millones de dólares y no pagaron. Y cuando le pregunto al presidente del Instituto de Previsión Social, que fue continuador de la Caja de Empleados Particulares, que por qué no pagaron, el tipo, suelto de cuerpo -y lo dijo por escrito- señaló que había prescrito la deuda. Y no pagaron”.

El 22 de septiembre, la fundación se reunió con la alcaldesa Macarena Ripamonti para abordar las causas y consecuencias de los socavones registrados en las dunas de Reñaca.

En el encuentro, la organización planteó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no sería responsable de los deslizamientos, pese a lo señalado por la ministra Jessica López, argumentando que fueron los privados los que construyeron los edificios violando -acusa- la normativa.

Herman propuso entonces a la jefa comunal autodenunciar al municipio ante la Justicia, para que un fiscal del Ministerio Público investigue las razones por las cuales el director de Obras Municipales “otorgó esos permisos contrarios a derecho”.

Hasta ahora, el municipio no ha dado a conocer qué acciones legales presentará a propósito de la emergencia.

Jeanette Bruna, abogada urbanista, comenta sobre la denuncia que “en general es difícil establecer a priori la pendiente a través de fotografías digitales, porque en estos casos lo que se utiliza en los proyectos son levantamientos topográficos para la determinación exacta, que no se ha mencionado en en el requerimiento”.

Por otro lado, agrega la profesora de Derecho Urbanístico en la PUCV, “tampoco sabemos si es que el terreno se acogió al artículo 5.1.13 de la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) para la determinación del suelo natural, y si proviene o no de la urbanización. Por tanto, faltan antecedentes para saber si debió o no ser escalonado” y que “efectivamente el PRC de Viña del Mar fija agrupamiento escalonado en ciertos requisitos, pero se podría cuestionar la legalidad de esa norma producto de que la OGUC no reconoce ese sistema”.

“Sin perjuicio de aquello”, cierra Bruna, “evidentemente el Santorini Norte posee una situación distinta a los otros edificios, tanto en cuanto a su estructura como al sistema de agrupamiento usado, por lo cual queda ajeno a las problemáticas planteadas por Defendamos la Ciudad y a los riesgos a que están sometidos los otros edificios, lo que permite alejarse hasta ahora de la declaración de inhabitabilidad”.

Por su parte, el abogado Rodrigo Andreucci, socio de la oficina “Andreucci y Torrejón”, que asesoró la construcción del edificio Santorini Norte y otros 30 proyectos en el campo dunar, señala que “nosotros solo somos abogados de proyectos que cumplen estrictamente con las normas urbanísticas. Si no las cumplen, no somos abogados de un proyecto. Vimac aceptó edificar aterrazado su proyecto (Santorini Norte) en el 2010 y nosotros aceptamos ser sus abogados. Esa fue la última vez que trabajamos para ellos. En los otros 30 proyectos que hemos estudiado, solo uno más se indicó que debía ser aterrazado (Makroceano). Ninguno de los otros 29 enfrentaba un terreno con inclinaciones de 20° o más de pendiente. De modo que puedo asegurar que 31 de los 42 proyectos en la zona V3 cumplen estrictamente con el PRC, conforme a los planos de subdivisión que tienen curvas de nivel de hace más de 51 años, archivados y protocolizados”.