Soledad Cortés Oficial de Educación de la Unicef: "Entre los factores que inciden en la deserción escolar está la expulsión"

En el mes que lleva de discusión en el Senado, el proyecto Aula Segura enfrentó numerosas críticas de expertos en pedagogía, psicología y convivencia escolar, quienes cuestionaron el uso de la expulsión como mecanismo de sanción. La oficial de Educación de la Unicef, Soledad Cortés, también fue parte del debate, y en esta entrevista analiza los fundamentos del proyecto y advierte que Chile debe luchar contra la deserción escolar y que las expulsiones, según la evidencia, no aportan a eso.

¿Hay cosas que mejorarle a Aula Segura?

Cualquier acto de violencia en los colegios, sea cometido por estudiantes u otros, debe tener una sanción. En el caso de los estudiantes, como están en un proceso formativo, es clave que la sanción también sea formativa, basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que nos guía y que contiene un compromiso, asumido por Chile, de que la disciplina escolar debe basarse en el respeto y dignidad de los niños. Y la evidencia comparada señala que cualquier medida disciplinaria es positiva si es formativa, pero cuando es punitiva, eso no contribuye a la resolución de la violencia.

¿Ese es el reparo que le hacen a Aula Segura?

Esperamos que el proyecto, en general, dé orientaciones a la política pública para solucionar los problemas que hoy tiene la convivencia escolar. Las relaciones humanas son complejas, por lo que cuando hay un problema, se requiere una solución integral. Por eso nuestra posición es que así como habrá un proyecto de ley, también debe haber una política de convivencia escolar.

¿En el proyecto original eso no estaba tan claro?

En el proyecto original había solamente un artículo, por lo que se abordaba solo un tema, siendo que la convivencia escolar es mucho más compleja que eso.

¿Cree que eso no se entendió en el debate?

La evidencia mundial y nacional dice que entre los factores que inciden importantemente en la deserción escolar están la suspensión y la expulsión. Y Chile ha adoptado decisiones que apuntan a cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a reducir la deserción escolar. En 2003, Chile asumió los 12 años de obligatoriedad escolar; en 2013, se le dio obligatoriedad al kínder, y también se garantizó que las estudiantes embarazadas y los estudiantes con VIH no pueden ser expulsados. Chile ha ido en la dirección correcta. Y este gobierno hizo dos anuncios importantes en esa materia: el Acuerdo Nacional por la Infancia y el Compromiso País, donde se aborda la situación de los niños. Hay un compromiso por reducir la deserción, por lo que cualquier ley debe ir en esa dirección.

¿Y Aula Segura no iba en esa dirección?

Este proyecto está en discusión, por lo que todavía puede ir cambiando.

Un argumento del gobierno es que Aula Segura tiene una gran adhesión, ¿por qué cree que la gente está a favor de las expulsiones?

A la ciudadanía le chocan estos actos de violencia, porque siempre hay alguien que resulta dañado. Pero lo que nos preocupa es que los niños están viviendo violencia en distintos ámbitos. La Casen de Niñez dice que en el 50% de los hogares en donde hay niños existen situaciones de violencia en los barrios, lo que es muy grave. Pero, además, hay un estudio de Unicef que dice que siete de cada 10 niños son víctimas de violencia por parte de sus padres y que el 25% recibe agresiones físicas de estos. Y una encuesta del Ministerio del Interior de 2014 dice que el 22% de los niños ha sido agredido más de dos veces en su colegio, y que el 25% ha agredido a un compañero dos veces en un año. Los niños han aprendido de sus entornos que la resolución de conflictos podría ser a través de la violencia.

¿Cree que en Chile la violencia va en aumento?

El estudio que dice que siete de cada 10 niños sufre violencia de sus padres, lo realizamos desde 1994, y la cifra no se ha logrado mover. Siempre está cerca del 70%. El país ha naturalizado que los niños crezcan en entornos hostiles y eso tiene que cambiar, porque están en un proceso de formación que es clave para ellos y para el desarrollo del país.

Pero el argumento del gobierno también era que debían expulsar a estudiantes para darles un buen entorno a los otros niños…

Chile cuenta con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y en el caso de que ellos cometan delitos, se tiene que aplicar esta ley, que busca que adolescentes se hagan responsables de sus actos a través de sanciones, pero también que sean reinsertados. Frente actos delictivos, ya existe una ley.

¿Y qué se puede hacer con las víctimas de esta violencia escolar?

En el caso de los niños que sean víctimas de violencia por estar presentes en esos casos, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los derechos de una persona no están por sobre los derechos de otra. Y cuando hay niños cuyos derechos estén amenazados, se deben adoptar medidas, pero eso no implica que se les restrinjan los derechos a otros. Si un niño se siente victimizado, por cierto que hay que protegerlo.

¿Cuál cree que es la raíz de la violencia?

Si los niños se están desenvolviendo en contextos violentos, hay mayor probabilidad de que la forma en que resuelvan sus problemas sea a través de la violencia. La violencia de docentes o asistentes de la educación hacia los estudiantes aumentó de 2.000 denuncias en 2016 a más de 2.700 en 2017. Las formas de relaciones que tengan los estudiantes también dependen de las relaciones que establezcan los adultos, porque ellos son un referente.

¿Hay una relación entre expulsiones y delincuencia?

En EE.UU. hay un estudio que revisó siete centros privativos de libertad de jóvenes e indagó en los registros escolares de su población, y se descubrió que el 90% de los jóvenes había sido suspendido o expulsado durante su trayectoria escolar, antes de haber cometido su primer delito. Por eso es tan relevante abordar la violencia de forma integral. A mediados de los 90, EE.UU. aplicó la política de tolerancia cero, que expulsaba a estudiantes que portaban armas o drogas, o cometían actos de violencia, y un estudio siguió a esos jóvenes. Conclusión: el 55% de los jóvenes que no finalizó su educación había sido suspendido o expulsado.