La Ley de Inclusión, vigente desde hace tres años, busca evitar el lucro en la educación escolar, para lo cual cambió las reglas para los sostenedores de colegios particulares subvencionados, obligando a que todos se convirtieran en personas jurídicas sin fines de lucro, y a que sean dueños de los inmuebles que usen o paguen arriendos con un tope para poder usarlos.

Para la compra de edificios, la ley creo un Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar, un pozo de US$ 400 millones administrado por la Corfo, que sirve de aval para que los sostenedores pidan créditos bancarios. Pero esta herramienta ha tenido un escaso uso: según datos del Ministerio de Educación, solo 38 sostenedores han pedido el aval, de los cuales 27 fueron autorizados, de casi 4.500 colegios particulares subvencionados que podrían utilizarlo.

En el ministerio explican que esto se debería a que la ley les da otra alternativa a los colegios, aparte de comprar los edificios: seguir pagando arriendo por ellos, pero gastando no más del 11% de su avalúo fiscal al año. Así, el uso del fondo de garantía estaría en desuso.

Según el Mineduc, la baja utilización se debe también a que la conversión a sin fines de lucro era necesario para acceder al fondo, lo que recién culminó en julio del año pasado. Y para revertir este bajo uso aplicarán junto a la Corfo "un plan de difusión intensivo sobre las condiciones de este proceso", que incluye charlas y apoyo a los sostenedores.

Pero este será un trabajo contrarreloj, porque el fondo solo estará disponible hasta 2023.

Avalúo y bancos

¿Qué otras razones explican el poco uso del fondo? Según Hernán Herrera, presidente de la agrupación de colegios particulares Conacep, se debe a la baja tasación que se hace de los inmuebles, la que considera la cantidad de alumnos que lo usan, lo que perjudicaría a los dueños. Así, si un colegio invirtió mucho en su infraestructura, pero tiene pocos escolares, "se subvaloriza la propiedad y es probable que el dueño no esté dispuesto a entregarla, porque le pagarían menos".

Por eso, a los dueños les sería más atractivo continuar con el arriendo, opción que según Herrera también presenta problemas, porque el 11% del avalúo fiscal "está muy por debajo del valor comercial de los inmuebles" y la ley obliga a que los bancos hagan la tasación, instituciones que, según Herrera, no serían las más idóneas para esa labor.

Para resolver esto, el Congreso está tramitando una ley corta, que el jueves pasó a Comisión Mixta, la que "reemplaza la tasación bancaria por una tasación efectuada por un perito tasador o profesional competente".

Pero en lo que respecta al fondo de Corfo, Herrera dice que "no es una alternativa para los dueños (de inmuebles), y para la mayoría, la opción del arriendo será mejor. Si no más de 30 sostenedores ingresaron solicitudes a Corfo, es un fracaso del sistema".

Mauricio Castro, jefe del área de Educación de la firma de abogados Lagos & Asociados, y quien además trabajó en el Mineduc supervisando estos temas, cuenta que el fondo de garantía ha tenido otra dificultad: la falta de bancos que presten los créditos.

"Actualmente, solo están participando el BancoEstado y el Banco Internacional. El primero tiene más demanda, pero pocos ejecutivos y es más lento, por lo que se demora como un año en aprobar los créditos. Y el segundo es pequeño. Otro banco que iba a participar es el BBVA, pero como lo compró Scotiabank, están evaluando su participación", explica. Para solucionar esto, Castro recomienda "flexibilizar los criterios, generar una mayor coordinación entre Corfo y los bancos, e incentivar que otros grupos financieros entreguen créditos".

Desde el Mineduc confirman que este año "se contempla la incorporación de nuevos bancos para aumentar la cobertura y así dar mayor accesibilidad a quienes estén interesados" en entrar al fondo de garantía.