La Superintendencia de Educación detectó un incremento en los casos de colegios que presionan a las familias para medicar a los niños que presentan déficit atencional. De acuerdo con los registros de ese organismo, en el primer semestre se presentaron 19 denuncias contra establecimientos educacionales por esta práctica. Esto es casi el doble que en el mismo período de 2017, cuando recibieron 10 casos.
"Hemos observado en este primer semestre que hemos tenido aumento de casos de discriminación a niños que presentan déficit atencional y en específico respecto de la exigencia de medicación por parte de los colegios. Hemos ido a fiscalizar estas situaciones porque no permitimos, y sancionamos, cualquier acto de discriminación en la incorporación o permanencia de niños en los establecimientos educacionales", indicó el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo.
Por un lado, hay denuncias porque los colegios condicionan la matrícula de niños con déficit atencional al consumo de medicamentos como el Ritalin. Y además, los reclamos apuntan a diferentes situaciones de discriminación contra los menores diagnosticados con esta enfermedad.
En 2017 hubo 28 denuncias ante la superintendencia contra colegios acusados de presionar a las familias para medicar a sus hijos que presentan esta patología. Además, se presentaron 312 reclamos por diversas discriminaciones a alumnos con este trastorno y este año ya han recibido 117 nuevos casos.
Según explicó izquierdo, la superintendencia tiene "todas las facultades para no permitir la discriminación arbitraria de cualquier estudiante y párvulo", de acuerdo con la Ley General de Educación.
Actualmente en la Ley de Nueva Educación Pública se prohíbe que los colegios obliguen a los padres a medicar a los niños con problemas conductuales asociados al déficit atencional. Y en el Congreso se tramita un proyecto de la diputada Cristina Girardi (PPD) que busca que esta prohibición se extienda a todos los colegios, ya sean públicos, subvencionados o particulares pagados.
Hace dos semanas la Comisión de Educación de la Cámara aprobó la idea de legislar con apoyo de diputados del oficialismo y la oposición, y los parlamentarios y el Ejecutivo pueden presentar indicaciones hasta esta semana.
"Vemos con buenos ojos que este proyecto amplifique en todo el sistema esta exigencia de no permitir estas discriminaciones, pero también es importante que frente a diagnósticos médicos bien elaborados por profesionales competentes la ley permita recoger las particularidades de los tratamientos de los estudiantes", dijo Izquierdo.
La diputada Girardi afirmó que "hay que entender que los niños de nuestro país tienen derecho a la educación sin que se les obligue a que tengan que consumir medicamentos para recibir esa educación". Y agregó que "nos preocupa también el incremento que ha tenido la importación de los medicamentos que se utilizan para tratar el déficit atencional".
En tanto, la diputada María José Hoffman (UDI), quien votó a favor de legislar sobre este tema, dijo que las presiones de los colegios para el uso de fármacos "es una forma de discriminación".
El diputado de RN Diego Schalper planteó que la exigencia de que los niños consuman fármacos genera una presión innecesaria en el proceso educativo. "No se puede condicionar de ninguna manera a los alumnos para el consumo de medicamentos, lo cual no excluye que una persona pueda estar sujeta a un tratamiento de un médico especializado", indicó el parlamentario.
Desde los sostenedores no hay respaldo a la iniciativa de la diputada Girardi. Hernán Herrera, presidente de Conacep, entidad que agrupa a los colegios particulares subvencionados, planteó que "me parece una absoluta irresponsabilidad que no se permita a los colegios exigir que los niños que tienen alguna patología sean medicados ya que si efectivamente esto se prohibe, ¿qué pasa si ese niño tiene una crisis y no puede ser controlado de ninguna forma por el colegio y ocurre una desgracia? El responsable ante los ojos de todos va a ser el colegio, el sostenedor".
Herrera añadió que "me parece irresponsable que un niño que tiene una patología de cualquier índole no se medique, porque puede significar un riesgo para el niño. La lógica debería ser que los niños que tienen cualquier patología deben medicarse y debería ser responsabilidad del Estado velar porque los niños consuman los fármacos que requieran".
