Subsecretaría de Educación instruye sumario para determinar responsabilidades por $78 mil millones sin rendir

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Desde la repartición sostuvieron que los dineros analizados desde 2007 a 2023, aún no concluyen su proceso de rendición, por lo que pueden tener objeciones o estar en proceso de revisión, impidiendo el cierre administrativo.


La Subsecretaría de Educación determinó este sábado iniciar un sumario para determinar eventuales responsabilidades por los $ 78 mil millones en saldos detectados en transferencias sin rendir.

El monto fue detectado en el informe N° 170 realizado por la Contraloría General de la República, entidad que estudió las transferencias entre los años 2007 y 2023 de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera en la Región Metropolitana y entre 2016 y 2023, de la Subsecretaría de Educación. En el primer organismo no se han rendido $ 2.888.393.255 y en el segundo se detectaron $ 78.737.404.844 en la misma situación.

Tal situación llevó a que el organismo liderado por Dorothy Pérez, remitiera los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En ese contexto, desde la Subsecretaría de Educación, emitieron un comunicado en que confirman la acción administrativa para determinar responsables.

“La Subsecretaría de Educación instruyó un procedimiento sumarial para identificar posibles responsabilidades tras la publicación del Informe N°170 de la Contraloría General de la República (CGR), que aborda la gestión de rendiciones de cuentas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana”, señala el escrito.

La repartición detalla que las transferencias analizadas y sin rendir “se realizaron como parte del procedimiento regular para financiar iniciativas educativas de sostenedores u otras entidades vinculadas, y los fondos sin rendir corresponden a recursos transferidos a las contrapartes ejecutantes y que a la fecha no han concluido su proceso de rendición, es decir, no se han rendido, tienen rendiciones objetadas o están en proceso de revisión, lo que impide el cierre administrativo”.

Por ello, sostienen que desde el Ministerio de Educación se lleva a cabo un “análisis exhaustivo” y comprometió adoptar las acciones necesarias para corregir la situación señalaba por la entidad fiscalizadora.

Al respecto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, afirmó que “desde el Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de control y supervisión”.

“Hemos encaminado una serie de medidas de control interno que ya están en curso y este informe permitirá profundizar el trabajo que hemos venido realizando. Asimismo, hemos instruido un procedimiento sumarial para investigar a fondo estas observaciones realizadas por la Contraloría en materia de rendición de cuentas, y así determinar las responsabilidades correspondientes”, añadió la autoridad.

Desde la cartera precisaron que, desde que asumió el actual gobierno, se han implementado medidas de control interno y de gestión por los recursos transferidos desde el organismo.

Entre ellas mencionan las acciones de cobranza y convenios de reintegro, procesos que se han desarrollado para el reintegro de fondos transferidos; conformación del Comité de Supervigilancia, que permite priorizar e implementar directrices de acción, control y supervisión sobre las transferencias de recursos y, también la colaboración con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo con el que sostuvieron una reunión en enero pasado, en que participaron la subsecretaria de Educación, el Superintendente de Educación y el presidente del CDE para coordinar esfuerzos destinados a recuperar fondos de sostenedores.

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