El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, firmaron hoy un convenio de colaboración para difundir campañas informativas en temas de seguridad al interior de dichos espacios.

Vergara y Trusich, llegaron hasta el Mall Plaza Tobalaba, ubicado en la comuna de Puente Alto, para plasmar la rúbrica del acuerdo. “Lo que nos convoca ahora es firmar un convenio de trabajo. Este convenio de colaboración y acuerdo va a permitir que muchas de las herramientas que tiene el Estado se hagan presentes también en los centros comerciales. Que los centros comerciales al ser espacios de esparcimiento, de entretención, donde las personas vienen a hacer sus compras, también a encontrar respuesta al trabajo de diferentes instituciones públicas y como también privadas se transforme en un espacio donde el Estado se haga presente”, dijo Vergara.

En específico, el acuerdo consiste en la difusión de campañas de seguridad en los malls que sean socios de la Cámara de Centros Comerciales.

Con el convenio, dijo Trusich, los más de 300 centros comerciales del país se ponen a disposición de la Subsecretaría de Prevención del Delito “para replicar, comunicar, educar en materia de seguridad a los visitantes y consumidores. En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales detalló que se podría instalar información educativa, pantallas con material gráfico, stands con volantes, tótems para denuncias, entre otros elementos.

Por otro lado, en su alocución, Vergara dijo que este miércoles se realizará la primera reunión de trabajo en el marco de la recién promulgada Ley de Seguridad Privada. Dicha cita se realizará en dependencias de la Subsecretaría de Prevención del Delito y participarán representantes de centros comerciales, supermercados, asociaciones de guardias, de vigilantes, de empresas de tecnología, entre otros.

En específico, la nueva ley pide una serie de exigencias para los guardias. Por ejemplo, los jefes de seguridad deberán acreditar que cuentan con un diplomado de seguridad privada igual o superior a 400 horas académicas, impartido por un establecimiento de estudios superiores o un organismo técnico de capacitación.

Además, la nueva norma establece una agravante penal para quienes ataquen a los guardias privados. En síntesis, en la actualidad, si un sujeto agrede a un guardia y este termina con lesiones leves, la posible pena máxima es de 540 días. Sin embargo, con la nueva norma esta pena se elevaría a 3 años.