Este jueves, el Ministerio de Justicia -encabezado por Luis Cordero- envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el organismo recurra ante tribunales civiles para perseguir la disolución de la fundación Democracia Viva, representada por el exmilitante RD Daniel Andrade, tras los eventuales delitos de corrupción que habría protagonizado la entidad cuando recibió traspasos por $426 millones con la Seremi de Antofagasta.
Según un comunicado de la cartera, la decisión fue adoptada por la subsecretaría de Justicia -al mando de Jaime Gajardo Falcón (PC)-, luego de un procedimiento de fiscalización iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del ministerio el 22 de junio de este año, tras el destape del caso cero, que actualmente mantiene al Ministerio Público investigando traspasos a fundaciones por más de $14 mil millones en nueve regiones.
De acuerdo con el resultado de la fiscalización, se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, que habrían sido cometidas por el directorio de Democracia Viva. Es por ello que, desde la cartera, solicitaron al organismo encabezado por el abogado Raúl Letelier que interponga un recurso ante tribunales civiles para poner término a las actividades de la fundación y disolver su personalidad jurídica.
De esta forma, el subsecretario Gajardo reveló este jueves que la repartición ministerial que encabeza mantiene procesos de fiscalización similares al cursado contra Democracia Viva en más de 20 corporaciones o fundaciones involucradas en posibles irregularidades en el traspaso de recursos desde organismos del Estado.
“Hoy tenemos más de 20 corporaciones o fundaciones en procesos de fiscalización y esperamos durante las próximas semanas estar concluyendo esos procesos. Nosotros iniciamos procesos de fiscalización en todas las fundaciones que tú señalas, y lo más prudente es que terminen los procesos de investigación”, explicó el subsecretario en entrevista con Tele13 radio.
“Nosotros en esos procesos requerimos información a un conjunto de instituciones públicas: SII, Registro Civil, le pedimos antecedentes a la misma fundación, que es lo que ocurrió en el caso Democracia Viva. Y una vez que tengamos todos los antecedentes nosotros vamos a emitir una resolución, muy similar a la que estamos emitiendo ahora. Esa resolución pueden significar dos cosas: una instrucción para que se enmienden ciertos actos o, derechamente, solicitar la disolución”, complementó.
Según la resolución adoptada por la cartera de Justicia, Democracia Viva habría incumplido sus estatutos, su objeto y patrimonio social, “lo que desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”.
“En el marco de sus atribuciones, entre otras cosas, el Ministerio de Justicia tiene que supervigilar el funcionamiento de las personas jurídicas y ha tomado la decisión en el caso de Democracia Viva de pedirle al Consejo de Defensa del Estado su disolución (...). Pedimos la disolución porque consideramos que eran de tal entidad los incumplimientos estatutarios, de funcionamiento y además también de la ley que ameritaba pedir inmediatamente la disolución”, enfatizó.
Sin embargo, la autoridad de Justicia aclaró que si bien mantienen una “gran cantidad” de fundaciones investigadas, “hay que considerar que hay más de 20 mil corporaciones y la gran mayoría realiza adecuadamente sus réditos sociales, eso también hay que ponderar”.
