La tarde de ayer miércoles la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados rechazó con cuatro votos en contra, tres abstenciones y seis a favor la iniciativa con la que el Ejecutivo buscaba exigir una residencia de dos años a extranjeros que quisieran optar a beneficios sociales. 

Junto con dicho rechazo, el gobierno recibió las críticas de la oposición, sector desde donde cuestionaron en duros términos la propuesta.

Una de las críticas más duras llegó de parte de la diputada Andrea Parra (PPD), quien indicó que "sin un migrante trabaja regularmente, por qué le vamos a limitar su derecho si hace un aporte al país. Por qué no le vamos a dar asignación familiar, por qué no tiene derechos sociales. Digámoslo claramente, lo que está haciendo el Ejecutivo hoy día es la administración electoral de la xenofobia".

En entrevista con La Tercera, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, salió a hacer frente a dichos cuestionamientos, y como lo hizo tras la sesión, blindó la labor que han realizado las autoridades de su gobierno, por cuanto se hacen cargo de forma "seria" de una problemática que estuvo años olvidada.

Hay algunos parlamentarios como la diputadas Andrea Parra que aseguran que esta medida es xenofóbica, ¿Qué le parece esto?

Creo que es absolutamente injusto por parte de la parlamentaria Parra atribuir conductas xenofóbicas al subsecretario o al gobierno, sobretodo ella que pertenece a un partido político que durante cuatro años fue incapaz de enfrentar los temas que afectan a los extranjeros.

A juicio del gobierno ¿Cuáles son estos?

Los temas que afectan a los extranjeros son la vulnerabilidad, la vulneración de sus derechos. Hoy vemos situaciones angustiantes de familias que viven al interior de una pieza de pocos metros cuadrados por su condición de ser extranjeros irregulares, tenemos madres que no tienen facilidades para poder llevar a sus hijos a la educación o la salud, y eso en mi opinión constituye conductas xenofóbicas, no asumir una realidad que significa que estas familias no puedan acceder a ciertos derechos básicos.

¿Qué hay detrás de esta crítica que hacen algunos legisladores?

Lo que hay detrás de esto es un intento de no enfrentar el tema de fondo. El día de ayer la diputada Parra, la diputada y presidenta de la Comisión Daniella Cicardini, junto con todos los parlamentarios de la oposición no votaron a favor la indicación que establecía dos años como exigencia de tiempo para que los extranjeros pudieran acceder a subsidios monetarios. Eso es una irresponsabilidad, porque primero que todo el Estado no está en condiciones de poder absorber una carga financiera de esa magnitud y en segundo lugar, y tal vez lo más grave, es porque sucede que con esta disposición que acaban de aprobar, se va a permitir que gente entre un tiempo corto, retire su Bono Marzo, se vaya y vuelva todos los años.

¿Así de simple?

Y no es sólo con el Bono Marzo, también está el Bono Invierno, bonos y subsidios a la calefacción, existen más de 20 o 30 programas que son transferencias financiadas exclusivamente por el Estado al cual los extranjeros, sin arraigo nacional, hablo de un turista, podrán acceder a esto ¿Cuántas familias chilenas, madres, jóvenes, niñas, niños, hoy quieren recibir estos apoyos y no tienen la posibilidad dado que el Estado no cuenta con todos los recursos?

Cuando hay dos extranjeros en el país es irrelevante esta discusión, pero hoy tenemos casi o más de un millón de extranjeros y sabemos que hay a lo menos 150 mil irregulares. Lo que dice entonces la diputada Parra y Cicardini, es básicamente que a partir del día cero se pueden acceder a estos recursos.

¿Qué le preguntaría entonces usted a ellas, cuando tengan que trabajar este asunto en sus respectivos distritos?

A mí me gustaría saber si los ciudadanos de sus respectivos distritos, a quienes ellas dicen representar, si están conformes con esto. Cada vez que hablo estos temas con las comunidades de extranjeros, no los que dicen representar a los extranjeros, ellos manifiestan que en cualquier país del mundo hay una condición una exigencia por parte de la autoridad de arraigo. A medida que pasa más tiempo acceden a todos los beneficios.

Esto es a tal punto que el día anterior al rechazo de esta indicación, esos mismos parlamentarios, aprobaron que por ejemplo, en el caso de la vivienda, a los dos años se pueda acceder al subsidio para ella, o en el caso de la educación superior, como está consagrado en la ley que se aprobó recientemente, la gratuidad se adquiere a los dos años.

Yo creo que ellas finalmente tienen que enfrentar una realidad, y lo que pasa es que les molesta que uno le diga a la población trasparentemente lo que pasa al interior de la comisión, y es que hay un doble discurso. Un discurso de tratar de representar de una forma parcial a los extranjeros, porque no se hicieron cargo de ellos por cuatro años, permitieron la irregularidad, y por otro lado no estar representando los intereses propios nacionales.

Entonces subsecretario es necesario explicar cuál era el espíritu de este artículo

Se buscaba establecer una progresividad en los beneficios. Extranjero que llega y cruza la frontera un día, va a tener menos beneficios que el que lleva dos años. Nosotros planteamos que a los dos años con visa temporal, es decir cuando pasa a la visa permanente, va a tener los mismos beneficios de los chilenos.

No es más que eso. Igualdad de condiciones.

¿Presentarán entonces la reserva de constitucionalidad para revertir esta situación?

La reserva de constitucionalidad es una opción, existe el veto, existe la posibilidad a través de una indicación en la segunda etapa legislativa, que en el Senado pueda incluirse y corregir esta situación.

Lo que sí vamos a hacer es seguir trasmitiéndole e informándole a la población de las decisiones que van tomando tanto parlamentarios de gobierno como de oposición, en función de este proyecto.

¿Podría considerarse el rechazo de esta indicación como una derrota para el ejecutivo?

Es una derrota, pero no del Ejecutivo, es una derrota para el país. Lo que está haciendo las y los diputados de oposición es generar una condición que distorsiona los procesos migratorios más que favorecerlos.