El 8 de septiembre fue el día en que la relación entre el Ministerio Público y el gobierno inició su deterioro. Esa jornada el fiscal Centro Norte, Marcelo Carrasco, junto a un equipo de la PDI, acudieron a las dependencias del Ministerio de Salud para incautar registros de correos electrónicos y otros antecedentes. Esto, en el marco de la indagatoria penal que se sigue por las muertes relacionadas al Covid-19.
Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo. El ministro de Salud, Enrique Paris, se negó a las incautaciones, indicando que el material que la fiscalía quería llevarse era de “seguridad nacional”. Entre estos, se encontraban los correos electrónicos de su antecesor, Jaime Mañalich.
Si bien hoy está en manos de la Corte Suprema decidir si concede o no la diligencia, tanto desde el lado del gobierno como de la fiscalía han salido voces que han criticado y otras que han justificado la investigación penal que se lleva adelante.
Las últimas reacciones que reafirmaron ambas posturas, elevando aún más la tensión que existe por esta causa, aparecieron una vez más este lunes.
Primero, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, fue consultado sobre la indagatoria en una entrevista otorgada a Radio Infinita. Según él, esta causa obedece a “razones políticas”.
Zúñiga indicó que “lo que está ocurriendo acá se está repitiendo en otros países del mundo. O sea, estamos viendo que también hay acciones judiciales en España, en Francia, en Italia”.
Agregó que “en ese sentido, tenemos que comprender que aquí hay una estrategia de salud pública y en esa estrategia se fue llevando a cabo, tal como lo explicó ayer (domingo) el doctor Araos, jefe del Departamento de Epidemiología, de acuerdo a la evolución de esta pandemia”.
Respecto a lo que se hizo en Chile, explicó que “en cada etapa se fue utilizando lo que se creía era mejor para el manejo de esta pandemia. No creo que haya fundamentos para insistir con esta investigación, creo que hay más razones políticas de por medio”. Añadió que “dentro del Ministerio de Salud estamos bastante tranquilos, porque el trabajo que se ha realizado se ha hecho en plena conciencia de la salud de la población”.
Y casi al término de su alocución, recalcó su punto: “Insistir en que una fiscalía investigue la estrategia sanitaria no nos parece fundamentado, no nos parece prudente, y en ese sentido insistir, dentro del Ministerio de Salud estamos bastante tranquilos con el trabajo que hemos realizado”.
Para quien sí tiene sentido continuar con esta indagatoria es el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. Si bien la causa no está radicada en su jurisdicción del Ministerio Público (la tramita la Fiscalía Centro Norte), Guerra descartó que motivaciones políticas muevan al ente persecutor. En Radio Universo, Guerra indicó que “no hay una politización del Ministerio Público, ni se está tomando atribuciones que no le corresponde”.
Añadió que “lo que hay que ver es si determinadas muertes que se han producido son por acción u omisión de la autoridad”. Y también dijo que “el Ministerio Público no investiga si se manejó bien o mal la pandemia, sino que querellas presentadas. Y cuando esas querellas son aceptadas por los tribunales de justicia el Ministerio Público debe investigar”. Esto, pues la indagatoria por el conteo de muertos se inició a raíz de una querella del senador Alejandro Navarro.
Guerra finalizó indicando que “lo que ha ocurrido es que el sistema está funcionando. No es experto en salubridad, pero busca establecer hechos”.
