Por tenencia ilegal de arma de fuego fue formalizado hoy el hombre que durante la madrugada del miércoles mató a dos delincuentes menores de edad en medio de un portonazo frustrado, ocurrido en las afueras de un edificio ubicado en Tocornal, comuna de Santiago.
El fiscal Patricio Millán, de la Fiscalía Centro Norte, acusó que Eduardo Zbrinder Carrión, chileno de 23 años, portaba el arma, sin autorización, con que dio muerte a los antisociales al momento en que lo abordaron en su camioneta.
¿Por qué no fue formalizado por homicidio? El fiscal explicó: “Tenemos antecedentes en que efectivamente el imputado fue abordado por tres sujetos con el fin de asaltarlo, por lo tanto podría configurarse la legítima defensa que es la que vamos a estar investigando para calificar jurídicamente”.
El persecutor detalló que en el sitio del suceso se encontró un arma, pero era a fogueo. “La evidencia balística es distinta a ese armamento, obviamente un arma a fogueo no dispara”. El arma con que el sujeto disparó no ha sido ubicada.
Esta idea fue rechazada ayer por el abogado del sujeto, Jean Duhalde, quien señaló que esa arma pertenecía a los asaltantes, dos adolescentes de 16 y 17 años. El profesional dijo que se trataba de un caso de legítima defensa “de tomo y lomo”.
“Mi representado es claramente una víctima más en este país de un portonazo. Solo que a los delincuentes les salió el tiro por la culata, porque mi representado, a Dios gracias y a la Providencia Divina, se pudo defender”, dijo Duhalde, abogado privado. Eso sí, hoy el imputado fue defendido por el abogado de la Defensoría Penal Pública, Cristián Miranda, ante la ausencia en tribunales de Duhalde.
“Él dice que se trata de un asalto, un portonazo, que lo apunta uno de los imputados, él lo desarma y procede a disparar varios tiros”, dijo Miranda. El sujeto habría arrojado el arma a dos cuadras del lugar de los hechos, dijo el abogado.
Más de 24 hora del hecho, Zbrinder se presentó ayer en una unidad del OS9 de Carabineros para entregar su versión de los hechos. Sin embargo, al momento de presentarse, se acogió a su derecho a guardar silencio. El sujeto tiene antecedentes por receptación.
El persecutor dijo que quedaban diligencias pendientes, como trabajos balísticos y las autopsias del Servicio Médico Legal.
Así las cosas, el persecutor solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, lo que fue acogido por el juez Mario Cayul Estrada. Se decretaron 150 día de investigación.
