La Superintendencia de Educación informó este miércoles que iniciará una investigación de oficio en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de que 34 estudiantes resultaran quemados y heridos de diversa consideración, tras la manipulación de un artefacto incendiario en uno de los baños del recinto educacional.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, la manipulación de una bomba molotov derivó en una explosión que poco antes de las 11 de la mañana terminó con 34 estudiantes quemados de diversa consideración, uno de los cuales se debatía entre la vida y la muerte, mientras que otros 16 se encontraban graves y siete de ellos con riesgo vital, según los recintos a los que llegaron.
El grave episodio motivó distintas reacciones. Entre ellas del gobierno, que en voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con lamentar lo ocurrido, señaló que “esperemos que esto que pasó ahora ayude a que nunca más ningún joven, ningún estudiante, contemple como una posibilidad el uso de esta herramienta, sea cual sea la protesta, la causa por la cual se quiera movilizar”.
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también condenó lo ocurrido y llamó a “aplicar todo el rigor de la ley”.
De acuerdo con la Superintendencia de Educación, las pesquisas tienen como objetivo conocer cómo actuó el colegio frente a la emergencia registrada.
El superintendente Mauricio Farías lamentó el hecho y solidarizó con las familias de los afectados, a quienes también comprometió contención emocional.
Frente al hecho ocurrido, Farías sostuvo que “según la normativa, las entidades sostenedoras son responsables de resguardar el bienestar e integridad de los miembros de la comunidad y aplicar protocolos ante situaciones de violencia o accidentes que les afecten”, por lo que ingresaron una denuncia de oficio para poder fiscalizar.
“Estamos en contacto con el establecimiento para apoyar y monitorear el abordaje de la situación durante los próximos días y semanas”, agregó Farías.
La autoridad también explicó que “ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las comunidades tienen el deber de denunciar y coordinarse con las instituciones a cargo de la seguridad pública, precisamente para resguardar a todos los estudiantes y equipos docentes y asistentes de la educación que se encuentren en el recinto”.
Desde el organismo reforzaron el llamado a las comunidades estudiantiles a desarrollar acciones que fortalezcan la convivencia y seguridad dentro de los establecimientos educacionales. Para aquello, señalaron, tener planes de gestión y protocolos de actuación, como también articularse con las policías e instituciones especializadas.
