Tras conocer la grave agresión de un estudiante hacia un docente del Centro Educacional Municipal San Ramón, la Superintendencia de Educación actuó de oficio debido a la criticidad de lo ocurrido e ingresó una denuncia, derivando inmediatamente el caso a fiscalización con el objetivo de investigar las medidas adoptadas por el establecimiento frente a un hecho que puso en riesgo la vida de un integrante de la comunidad educativa.
Según indicó el Colegio de Profesores, producto de la agresión, el docente resultó con fracturas nasal y de mandíbula “por lo que permanece hospitalizado a la espera de una cirugía debido a la gravedad de las lesiones”. Además, se entregaron los antecedentes a la Seremi de Justicia de la Región Metropolitana, desde donde gestionarán asesoría jurídica y apoyo psicológico para el docente y su familia a través de la Corporación de Asistencia Judicial.
El superintendente de Educación, Mauricio Farías, señaló que “este tipo de situaciones son inaceptables y no se pueden producir en ninguna circunstancia, mucho menos en espacios educativos, donde debe primar el diálogo y las formas civilizadas de resolver los conflictos, entendiendo el rol formador de las escuelas”.
Ante hechos constitutivos de agresión, la normativa indica que los establecimientos deben activar el protocolo de actuación ante maltrato dispuesto en su reglamento interno, acciones que tienen por objeto proteger a las víctimas, mediante la adopción de medidas formativas y disciplinarias con quienes resulten responsables de las agresiones.
Además, en el caso de que existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, las entidades educativas están obligadas a denunciar, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que toman conocimiento del hecho, al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal.
“Las y los docentes y asistentes de la educación deben trabajar en un ambiente adecuado para el desarrollo de su labor pedagógica, por lo anterior, emitimos en junio de este año un oficio a directoras y directores de establecimientos, informando sobre la normativa que regula el resguardo y la protección de la integridad de los y las profesionales de la educación ante situaciones de violencia realizadas por parte de estudiantes y/o apoderados”, añadió Farías.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, Mario Aguilar, sostuvo que el tema de la violencia debe ser cconsiderado “como primera prioridad” para el Mineduc y el ministro Nicolás Cataldo.
“Hace rato que venimos denunciando y pidiendo soluciones concretas, ya que ha ido escalando, se deben tomar medidas fuertes y asumir esta problemática como principal, esto no puede seguir porque el próximo paso será que haya una persona fallecida. No podemos llegar a eso para que se tomen medidas, agregó.
