En agosto pasado se cumplieron dos años desde que en Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso, se produjeron episodios de contaminación que llevaron a que más de 1.200 vecinos resultaran con síntomas de intoxicación.
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en septiembre de 2018 en contra de Enap Refinerías, titular del proyecto terminal marítimo. Y en el marco de esa investigación, la institución contrató en 2019 la asesoría del Dictuc, que hizo una Modelación de Calidad de Aire para Quintero y Puchuncaví, informe que fue entregado el 22 de junio pasado.
El análisis incluyó una modelación de la dispersión de contaminantes en la zona para identificar las fuentes. El informe, al cual tuvo acceso La Tercera, señala que “se ha establecido una relación de causalidad entre la descarga de un estanque de petróleo de Enap y su trasvasije a los estanques separadores API de la misma empresa”.
Se añade que esto produjo las “emisiones de HCHO (formaldehído), H2S (ácido sulfhídrico) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) desde dichos estanques al aire”, lo que llevó a "la dispersión de esas emisiones hacia la zona de Quintero en las noches del 21 al 23 de agosto y los aumentos en consultas médicas durante esos mismos días. También se concluye que en el sector “no hay otras fuentes emisoras que puedan explicar dichos efectos en salud”, puesto que no hay empresas que emitan HCHO ni H2S en la zona al norte de Quintero.
“Las emisiones de COV provenientes de las otras empresas que almacenan COV aportan menos del 5% de las concentraciones totales modeladas en la zona de Quintero durante los episodios de aumentos de consultas médicas”, añade el reporte.
El otro informe
Otro informe hecho a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente lo realizó el Centro de Toxicología y Medio Ambiente de la U. Católica, el que analizó la concordancia entre la sintomatología reportada por la población de Quintero y Puchuncaví y los efectos en la salud secundarios por la exposición a compuestos orgánicos volátiles. De acuerdo al estudio, “es muy posible que el evento en cuestión sea una exposición a alguna sustancia en el ambiente, por la forma en que se van presentando los casos (…) el compuesto más concordante sería el ácido sulfhídrico”.
Con los antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente podría anunciar la reapertura de la investigación contra la empresa (el caso estaba técnicamente cerrado y sin una resolución sancionatoria), lo que implica que se reformularían cargos contra la compañía, por realizar acciones no autorizadas ambientalmente en la terminal.
La entidad reguladora detectó dos cargos calificados como gravísimos según la norma ambiental: que la firma realizó cambios no autorizados al proyecto (terminal Quintero) y que, durante la investigación por la crisis ambiental, la compañía no facilitó la inspección de la superintendencia, pues no informó que se drenó crudo de origen iraní, lo que derivó en la emergencia.
En la zona
Hernán Ramírez, dirigente de las organizaciones de Quintero, plantea que ya pasados dos años de los hechos “vemos que aún hay episodios de contaminación y malos manejos en la zona industrial. Esto ha tenido un fuerte efecto en la población, en las personas que acá viven”.
En tanto, el abogado Remberto Valdés, que representa a víctimas de la crisis, señaló que “esperamos que haya una reparación a las familias, porque son las personas que directamente han sufrido todos estos episodios”.
En la arista penal, que investiga el Ministerio Público, hasta ahora hay seis ejecutivos de Enap formalizados por el presunto delito de propagación de elementos contaminantes al medioambiente, además del capitán del barco que llevó el combustible. Todos están con medidas cautelares, como firma quincenal y arraigo nacional.
