La Superintendencia de Educación entregó una actualización de las denuncias sobre vulneración de derechos y garantías constitucionales, específicamente en la sub categoría de respeto a la libertad de expresión, conciencia y enseñanza libre de tendencias político partidistas.

De esta manera, la Superintendencia informó que a la fecha han recibido un total de 30 denuncias a nivel nacional por vulneración de derechos y garantías constitucionales, en el respeto a la libertad de expresión, conciencia y enseñanza libre de tendencias político partidistas.

Del total, 7 corresponden a denuncias ingresadas por apoderados, 3 derivadas desde la Defensoría de la Niñez, 1 interpuesta a través de oficio por la Superintendencia y 19 denuncias derivadas a partir de presentaciones o requerimientos ingresados en el Mineduc.

En cuanto a la dependencia de los establecimientos, un 53,3% corresponde a colegios municipalizados (16); 26,7% a particulares subvencionados (8); 13,3% a particulares pagados (4) y un 6,7% a jardines infantiles (2).

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A diferencia de las facultades de la Defensoría de la Niñez y el INDH, la Superintendencia no puede ejercer acciones que busquen la adopción de medidas inmediatas para la protección de los niños, niñas y adolescentes, sino solo medidas de carácter administrativo que pueden terminar en una sanción al sostenedor.  "Cuando se reciben las denuncias, se fiscaliza para poder determinar si existió vulneración a la normativa educacional, lo que comprende los derechos y deberes establecidos en la Ley General de Educación que se funda precisamente en las garantías constitucionales, según su artículo 3. Si existe incumplimiento de estos deberes y se vulnera la integridad física y psicológica de los estudiantes, el establecimiento arriesga recibir una multa que puede alcanzar los 28 millones de pesos", señaló Cristián O'Ryan, superintendente de Educación.

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Asimismo, indicó que "por ello es necesario coordinar las acciones entre estas instituciones para buscar siempre el interés superior del niño. Desde este punto de vista, un proyecto de ley, a través del cual se pretende precisar elementos que harían que un determinado hecho configure una infracción a la normativa educacional, como podría ser, por ejemplo, frente a casos de propagación de tendencias político partidistas al interior de los establecimientos educacionales, el carácter sistemático o grave de las conductas, debiera permitir justamente, orientar de mejor forma a las comunidades educativas para desincentivar su ocurrencia", finalizó el superintendente O'Ryan.