En abril del año pasado, numerosos vecinos de Las Condes y La Reina detectaron anomalías en el color y olor del agua potable. Alertaron a las autoridades y, tras una revisión, rápidamente, se prohibió su consumo, pues el suministro había sufrido contaminación de aguas servidas.
"Fue bien complejo, porque significó estar sin agua. No se podía consumir ni siquiera hervida, y hubo que poner estanques especiales", explicó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
Este es uno de los eventos que en 2018 gatilló la apertura de 33 procedimientos sancionatorios al interior de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), por eventuales incumplimientos en la calidad del agua. De estos, 24 ya han concluido, estableciendo multas para 13 empresas que suman casi $ 1.500 millones, mientras que otros nueve siguen abiertos, los que, en su mayoría, se asocian a falencias detectadas en la turbiedad del suministro.
Según información de la SISS, la sanción más alta se cursó a la empresa sanitaria Aguas Chañar, por tres incumplimientos que totalizan multas de $ 620 millones, seguida de Esval, con cuatro faltas cuyas sanciones alcanzaron los $ 365 millones.
El balance de la superintendencia arroja, además, que existe un alza en los procedimientos sancionatorios, considerando que en 2017 se multó a 19 firmas y que en 2016 fueron 18.
De acuerdo a la entidad, el cumplimiento de las normas de calidad del suministro está por sobre el 99%. Sin embargo, el año pasado se detectaron deficiencias en los sistemas de producción o distribución de agua potable, como fallas en los equipos o arrastres de material, que generan alteraciones que pueden ser percibidas por la población, como turbiedad o coloración del agua. "En todos los casos anteriores la SISS realiza una investigación que, en la mayoría de los casos, deriva en multas, por cuanto la regulación sanitaria funciona sobre la lógica de incentivos: si se infringe la ley, se arriesgan multas. La idea es que sea más rentable cumplir la ley que infringirla", sostienen desde la SISS.
Riesgos
Entre las faltas detectadas destaca excesos en los parámetros de nitrato, cloruro, sulfato, etc. También se encontraron problemas en el PH del agua, además de turbiedad. "En algunas ocasiones, ya sea porque los procesos no son los correctos o porque el agua tiene demasiada carga de contaminantes, el agua deja de ser potable y si se consume en cantidades importantes, puede producir problemas a la salud", señaló el urgenciólogo de la Clínica Santa María. Sergio Alviz, quien añadió que "algunos sulfitos o metales a largo plazo se acumulan en el cuerpo y pueden provocar un daño. Incluso, pueden aumentar el riesgo del cáncer".
La nutrióloga de la Red Salud UC Christus, Verónica Irribarra, destacó la importancia de que el suministro mantenga su calidad: "Es peligroso que exista desconfianza, porque puede generar un descenso en el consumo de agua y eso es perjudicial para las personas. El agua debe ser segura".