La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) apuntó a la empresa Enap como única responsable del primer episodio de intoxicación masiva que se vivió en Quintero el pasado 21 de agosto y que afectó a cerca de 50 estudiantes.
Así, tras dos semanas de investigación, la entidad formuló cargos contra la petrolera, titular del proyecto Terminal Marítimo de Quintero, por "la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente", dijo el superintendente, Cristián Franz, quien explicó que lo anterior "ha implicado la exposición de grandes cantidades de hidrocarburo a la intemperie y la consiguiente emisión de compuestos orgánicos volátiles, en condiciones tales que han afectado significativamente la salud de la población de Quintero".
Franz detalló que el uso inadecuado del sistema de tratamiento se traduce "en la introducción de fluidos distintos a los autorizados, una eficiencia de remoción del sistema inferior a lo comprometido en la evaluación ambiental, el vertimiento de fluidos en contravención a los autorizados y a la introducción de fluidos en unidades o instalaciones distintas a las autorizadas por la RCA (Resolución de Calificación Ambiental)".
Tras la decisión de la SMA, Enap reaccionó: "Rechazamos tajamente las imputaciones hechas por la Superintendencia del Medio Ambiente. La empresa ejercerá todas las acciones legales y derechos que le corresponden para demostrar que no tiene vinculación alguna con los hechos que se le imputan".
Fuentes al interior de la firma indican que surgen dudas en torno a la investigación de la superintendencia, particularmente por la presión que ejerció el gobierno central para que se encontrara una explicación a lo ocurrido y se sindicaran responsables. Ello, pues en las últimas horas, y luego del tercer episodio de intoxicación masivo, del pasado martes, la demora de los resultados de la investigación se habían hecho insostenibles.
Así, se instaló la tesis de que, en el caso de la fiscalización a sus instalaciones, se realizó un modelamiento "mañoso" de los parámetros ambientales, con una serie de condicionales y solo enfocándose en los temas relativos a olores. Uno de los puntos que se cuestionan en la estatal es que la modelación del aire fue realizada el día 24 de agosto, tres días después del primer episodio de la nube tóxica. Y aunque los estanques permanecen sellados como medida preventiva desde ese día, han seguido ocurriendo episodios de intoxicación.
Según fuentes de la petrolera, además, hay extrañeza en que solo se involucre a Enap, particularmente, porque los estudios que ellos mismos contrataron desvinculaban de responsabilidad a la compañía.
Con todo, un punto que sí reconocen son faltas al permiso ambiental en materia de tratamiento de riles, por lo que, se afirma, acatarán la medida de cerrar los estanques y corregir esas fallas.
Franz explicó que la formulación de cargos da curso a un proceso sancionatorio, en el cual Enap podrá hacer sus descargos: "Este es un proceso muy garantista, lo que significa que la contraparte, en este caso Enap, tiene el derecho a presentar toda clase de pruebas con el objeto de objetar nuestras imputaciones".
Según la superintendencia, los antecedentes para levantar cargos se fundan sobre declaraciones a trabajadores y directivos, fiscalizaciones, muestras y análisis de laboratorio y el modelamiento del comportamiento de diversas variables ambientales. Además, respecto de las dos semanas que tomó encontrar responsabilidades, la autoridad argumentó que se trata de una tarea "compleja y que toma considerable tiempo. Mucho más aún en un caso como este, en el cual el escenario que enfrentamos es el de, en primer lugar, un conglomerado de más de 15 industrias de gran escala, ubicada una junto a la otra, desde las cuales se emiten rangos semejantes de contaminantes en casi todas ellas".
El superintendente precisó que las emanaciones en cuestión son irregulares, "de muy corta duración, pero de alta intensidad, de forma que cuando se empiezan a manifestar los síntomas en las personas, estas emanaciones ya habían cesado, o sea, no había evidencia".
Durante la tarde de hoy, en el Congreso Nacional, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, también había apuntado a estas dificultades: "Los gases son difíciles de detectar pasando horas de un evento y una gran carencia tiene que ver con la falta de red de monitoreo en línea, centralizada, y que administre el Estado de Chile".
En tanto, las sanciones que puede establecer el proceso van desde amonestaciones y multas hasta la suspensión y clausura de un recinto.
El Presidente Sebastián Piñera manifestó tras el anuncio de la SMA su "solidaridad" con los habitantes de Quintero y Puchuncaví y reiteró que ya está en marcha un plan para solucionar el crítico problema. "Este plan contempla en primer lugar un sistema de medición permanente de los gases (...). Segundo, en los próximos 90 días vamos a complementar un plan integral de descontaminación, porque hoy día ese plan aunque ustedes no crean no existe", recalcó.
El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, dijo que el anuncio de la SMA "no es suficiente. Quedamos con la sensación de que hoy se hizo algo distinto a lo que se había hecho antes y que esto no ha terminado, no es ningún triunfo. La sensación es que de aquí en adelante se tiene que fiscalizar igual como se hizo estas últimas dos semanas".
Nueva investigación
Respecto del último evento de intoxicación masiva, la superintendencia requirió a Codelco y AES Gener información en detalle sobre las emisiones de las últimas 72 horas, referidas a compuestos regulados por la norma de fundiciones y de termoeléctricas.
Además, se solicitó a las empresas del cordón industrial que entreguen diariamente y durante 30 días toda la información relativa a sus condiciones de operación, posibles contingencias y reportes de condiciones atmosféricas.
AES Gener informó que entregó a la autoridad los datos de sus emisiones del 2, 3 y 4 de septiembre y descartó alguna relación con el episodio.
Vecinos se movilizan
Con marchas en las afueras de las empresas, protestas y cortes intermitentes del tránsito en la carretera, los vecinos de Quintero han salido a manifestar su rechazo a los tres episodios de contaminación que, en solo dos semanas, han provocado que más de 500 personas presenten síntomas de intoxicación. En el último evento, del pasado martes, los pacientes atendidos por la urgencia local llegaban, hasta hoy, a 122 y otros 56 en Puchuncaví.
Uno de los hitos de la jornada fue la toma del Colegio Santa Filomena, de donde proviene gran parte de los afectados. Alexis Rojas, vocero del movimiento estudiantil, sostuvo que "están jugando con nosotros. Nosotros estamos buscando garantías básicas. Queremos tener la certeza de que cuando volvamos a clases no nos vayamos a intoxicar".
Carlos Muñoz, representante de los apoderados, sostuvo que "los padres están desesperados, desgarrados, porque no saben qué tienen sus hijos. Todo lo que se dijo que se iba a hacer, falló. Entonces, ¿a quién acudimos?", enfatizó.
Las críticas de los vecinos apuntan, además, al manejo de la emergencia por parte de las autoridades. En particular, apuntan a una premura en la supresión de la alerta amarilla antes decretada (el martes fue nuevamente decretada) y que significó la reanudación de las clases, en coincidencia con el último episodio de reacción masiva, que afectó mayormente a los alumnos de tres colegios.