La crisis sanitaria del coronavirus impactó fuertemente en la educación superior, ya que 1,2 millones de estudiantes intentan iniciar el año académico desde sus casas. Y frente a ello, la Superintendencia de Educación Superior emitió un oficio con las reglas que deberán seguir los planteles mientras dure la emergencia.

La entidad explicó que las instituciones de educación superior solo pueden dejar de entregar su servicio educativo en “caso fortuito o (de) fuerza mayor” que las afecte o imposibilite. Pero si la situación no es imposibilitante, deben buscar herramientas para continuar con las clases.

Tras ello, la superintendencia detalla en el oficio algunas de las medidas que las cerca de 150 universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales pueden aplicar para continuar entregando el servicio educativo y cumpliendo con el contrato con los estudiantes, incluyendo la “flexibilización de los procedimientos de cobranza”.

1. Programación académica: Las instituciones podrán modificar la calendarización siempre que “no signifique una prolongación de los estudios mayor a lo razonable”, buscando las alternativas que mejor se adapten a los estudiantes.
2. Clases online: La circular dice que los planteles pueden adoptar una metodología de enseñanza distinta a la acordada, como la mayoría de los planteles lo ha hecho con las clases a distancia.
3. Notas y asistencia: Se podrá establecer “sistemas de evaluación y de registro de asistencia alternativos, que midan bajo criterios técnicamente asimilables el logro de los conocimientos y el nivel de cumplimiento curricular” de los estudiantes.
4. Congelar las carreras: La superintendencia sugiere a los planteles flexibilizar los requisitos para suspender y postergar los estudios.
5. Cobro de aranceles: También se explicita que las instituciones pueden hacer una “flexibilización de los procedimientos de cobranza respecto de aquellos estudiantes que hayan incurrido o se constituyan en mora” producto de la crisis. El documento no menciona que se puedan aplicar descuentos ni menciona a otro tipo de alumnos.
6. Término de contratos: Las casas de estudio podrán crear “procedimiento que permitan la resciliación de contratos” con los estudiantes, es decir, su término bajo mutuo consenso.

La autoridad subraya que la suspensión de las obligaciones habituales de las instituciones solo durará “mientras efectivamente persista el hecho o suceso que lo generó, pero no las liberará del contrato ni de cumplir cabalmente con las obligaciones que de este surjan, superado el hecho o disminuida su irresistibilidad”.

El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, explicó que la emergencia sanitaria “exige a todos los actores descartar posiciones rígidas y buscar mayores puntos de encuentro, por lo que pide “a las instituciones y sus estudiantes a aunar esfuerzos para mantener la continuidad del servicio educativo, enfrentando esta situación de la mejor manera posible”.

Si eso no resulta posible, agregó Avilés, “existe una serie de alternativas que pueden acordar las instituciones con los estudiantes, siendo la resciliación (de los contratos) una de estas”.

Respecto a las evaluaciones y la asistencia, la autoridad subrayó que “todas las medidas que sean adoptadas para enfrentar esta crisis deben resguardar efectivamente al estudiante en su derecho a la educación superior, la calidad del servicio y el cumplimiento de las competencias formativas”.

La circular surge luego de las dudas que han surgido entre los estudiantes por el cobro de aranceles en medio de un sistema de clases online, que no requiere el uso de salas ni mayor infraestructura.

De hecho, los diputados Maya Fernández y Juan Santana (ambos PS) presentaron un proyecto de ley que busca suspender los cobros de aranceles en las instituciones de educación superior a raíz de la crisis por el coronavirus. Pero esto desató fuerte rechazo del Consejo de Rectores (Cruch).

“Dicha moción parlamentaria, más allá de sus propósitos, puede perjudicar gravemente a las universidades, sus comunidades y su responsabilidad de sostener la continuidad de la educación superior en todo el país”, dijo esa organización.

En materia escolar, la Superintendencia de Educación ya se pronunció sobre el pago de las mensualidades en los colegios privados: aseguró que los establecimientos pueden cobrar siempre que adopten las medidas para cumplir el plan de estudio, pero advirtiendo que también deben entregar el servicio de alimentación y recibir a niños que no tengan otro lugar de cuidado durante la crisis.