Suprema advierte "retroceso" en relación entre jueces y el Ejecutivo

Fue el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien el domingo llamó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la conversación, el secretario de Estado quiso explicar el fondo de sus declaraciones en el cónclave de la UDI del sábado, instancia en que señaló que "si miran y analizan la estructura de los jueces, se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido gobierno de derecha y 24 años gobiernos de izquierda. Y como los ministros de Justicia son los que nombran a los jueces, el resultado es dos más dos".

Las declaraciones de Larraín no fueron bien recibidas en el Poder Judicial. Desde la Asociación de Magistrados, hasta el vocero de la Corte Suprema, rechazaron las afirmaciones del ministro de Justicia. Así, el portavoz del máximo tribunal, Milton Juica, hizo una dura advertencia sobre las expresiones de Larraín: "Representan un profundo retroceso entre las relaciones que puede tener el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia".

Juica catalogó como "antagónicas" y "desafortunadas" las declaraciones de Larraín, dado que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia estaban en un diálogo para avanzar en materias que interesaban a ambas entidades.

La cercanía entre Larraín y los jueces se inició cuando, a poco de asumir en el cargo, el exsenador UDI asistió al pleno del máximo tribunal para realizar el saludo protocolar y dar a conocer los principales ejes que quería impulsar en el Ministerio de Justicia. En esa ocasión se habló, entre otras materias, de mejorar las condiciones de los centros del Sename y de las cárceles.

Los acercamientos entre Larraín y Haroldo Brito dieron un paso más el 2 de abril, cuando en el Ministerio de Justicia se realizó la Comisión de Coordinación de Justicia Penal. Al término de la cita, el titular de la cartera y Brito se quedaron conversando solos y acordaron trabajar en conjunto una serie de materias. Brito, al día siguiente, llamó a un pleno extraordinario, en que designó a supremos para que se relacionaran con el Ejecutivo en la coordinación de iniciativas.

Cuatro días después, Larraín apuntó a los jueces y su tendencia política, gatillando la tensión entre ambos poderes del Estado. En ese cónclave de la UDI, Larraín también apuntó al sistema de designación en la judicatura. El ministro indicó que existía la necesidad de modificar el proceso de selección, pues considera que este "está agotado y debe cambiar por un mecanismo que deje fuera la influencia política y el amiguismo".

Según Juica, los jueces no se escogen según su tendencia política: "Es difícil hacer un ranking de eso. Eso no es así", dijo, descartando falta de transparencia en el proceso de elección de los magistrados en el Poder Judicial.

El vocero aseguró que "los jueces que van incluidos (en las quinas para integrar la Corte Suprema) son todos de la carrera funcionaria (...). De tal modo, si quisiéramos considerar algo de oscuridad y de falta de transparencia, eso no ocurre en Poder Judicial (...). Si uno pudiera buscar dónde pudiera haber una zona gris en el nombramiento, están precisamente en el Ministerio de Justicia y en los órganos que hacen el nombramiento". Esto, porque corresponde al Ejecutivo seleccionar uno de los cinco postulantes escogidos por los miembros de la Suprema.

El vocero del máximo tribunal, además, advirtió que no es la primera vez que el gobierno y el Poder Judicial están enfrentados. "En otros años, en otros tiempos, hemos sentido esa cierta amenaza o presiones que se hacen respecto de los jueces", dijo Juica, quien recordó la pugna entre ambos poderes del Estado cuando en 2013 el gobierno de Sebastián Piñera deslizó la posibilidad de crear un observatorio judicial.

La idea fue rechazada por la Suprema e incluso el entonces presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica, la calificó como una "intromisión muy fuerte e indebida".

Otro episodio se registró en 2011, cuando el máximo tribunal cuestionó la idea del entonces ministro de Justicia Teodoro Ribera, quien dijo que el gobierno analizará los fallos de los jueces cuando estos sean candidatos para ascender en el Poder Judicial.

Juica recordó estas situaciones y señaló que "cualquier intervención que diga relación con una intervención respecto de cómo los jueces deben resolver los conflictos es peligroso y dañoso para la democracia y para el estado de derecho, y eso es lo que tratamos de reservar".

Eduardo Aldunate, director de la Academia Judicial -organismo donde se forman los jueces- indicó que "valoro que el ministro se forme una opinión sobre el trabajo de la Academia Judicial".

Agregó que "mi rol es estar abierto a las discusiones que al interior del consejo pueda plantear cualquier consejero sobre la conducción de esta institución y la calidad de sus programas". Larraín, por ser ministro de Justicia, es uno de los integrantes de esta instancia.

En tanto, para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Jaime Bustos, "se deben evaluar los méritos técnicos de los postulantes a jueces, sus fallos adversos, sus notas durante su carrera y dejar de lado cualquier consideración de otro tipo".