Mediante un pronunciamiento, este miércoles la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró como inadmisible un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por una resolución de la Corte Marcial de inicios de agosto que revocó el el procesamiento del general (r) del Ejército, Ricardo Martínez, investigado por fraude al Fisco.

El ex jefe castrense había sido procesado en la arista “Agencias de Turismo” por su presunta responsabilidad. A inicios de agosto, por tres votos contra dos, la Corte Marcial revocó el procesamiento de la ministra en visita, Romy Rutherford, acogiendo los alegatos de la defensa del general (R), los cuales estuvieron basados en que los montos de la defraudación eran inexactos, que los viajes irregulares imputados estaban prescritos y que habría devuelto US$ 400 a la cuenta que el Ejército tiene para estos fines.

El CDE, en tanto, reclamó que había un informe de la PDI que determinaba la magnitud de los perjuicios fiscales y que fueron ocho los hechos que fundaron el procesamiento de la jueza.

Según el escrito de la Segunda Sala de la Suprema “el recurso de queja procede contra las sentencias interlocutorias, cuando ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación, o contra las sentencias definitivas, siempre que unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario”.

Por lo que “en el presente caso, se ha deducido este recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó en el auto de procesamiento dictado por la ministra en visita extraordinaria por no encontrarse suficientemente determinada la existencia y monto del perjuicio fiscal efectivamente causado, declaró que el investigado no es procesado y dispuso que la ministra encargara una pericia contable, decisión que no comparte la naturaleza de aquellas que hacen procedente el recurso intentado, razón que conduce a que este sea declarado inadmisible”.

La instancia estaba integrada por los ministros Haroldo Brito -quien votó por tramitar la acción judicial-, Manuel Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos, además de la abogada (i) Pía Tavolari y el auditor general del Ejército, Eduardo Rosso.

El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del oficial en retiro, afirmó que “la contundente resolución de la Corte Suprema, que declara inadmisible -esto es sin fundamento la queja del Consejo de Defensa del Estado, para dejar sin efecto la resolución de la Corte Marcial que revocó el procesamiento del general Martínez- demuestra una vez más la completa injusticia y falta de fundamentos con la cual la resolución de la ministra en visita extraordinaria, Romy Rutherford, lo había sometido a proceso en la causa en calidad de encartado”.

Manríquez añadió -mediante un comunicado- que “dicha calidad no le pudo ser atribuida al general Martínez, porque en el expediente no existían fundamentos. La Corte Suprema una vez más ha ratificado la injusticia de esa resolución”.