Suprema cuestiona fuertemente eventual acusación constitucional

La eventual acusación constitucional contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, fue uno de los temas que hoy se trató en el pleno del máximo tribunal. En la instancia, los magistrados tomaron la decisión de realizar un fuerte rechazo a esta pretensión, impulsada por un grupo de diputados luego de que estos jueces resolvieran otorgar la liberad condicional a siete condenados por casos de derechos humanos, cambiando así la manera en que públicamente los ministros se habían referido a este tema.

Mientras que el 1 de agosto Dolmestch había indicado que "(los diputados) tienen el perfecto derecho de hacer esto", ahora la Suprema endureció su discurso y advirtió que una acción como esta podría incluso poner en riesgo el Estado de derecho en el país.

Según la declaración pública, "el cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".

Además, consideraron que "lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental".

Si bien acciones como estas no son habituales por parte de la Corte Suprema, tampoco son aisladas. El último antecedente directo se remonta a 2014, cuando se presentó una acusación constitucional contra el ministro Héctor Carreño. En esa oportunidad, el Poder Judicial comunicó "su convicción y política" de respetar la independencia de los poderes del Estado y que "solo queda esperar el resultado definitivo" de la acusación.

En 2013 la judicatura protagonizó otro impasse, esta vez con el primer gobierno de Sebastián Piñera. El entonces presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que la pretensión del gobierno de crear un Observatorio Judicial era "una intromisión muy fuerte, indebida, y que preocupa para la independencia de los jueces".

Uno de los diputados que han manifestado la intención de presentar la acusación constitucional, Manuel Monsalve (PS), manifestó ante la declaración de la Suprema que "la autonomía y las facultades legales están al servicio de proteger los derechos de las personas. Cuando la corte habla de intromisión, hay que ver si el Congreso tiene las facultades de proteger los derechos de las personas, y sí, las tiene". Agregó que "hay que fijar límites entre los poderes del Estado".

Por su lado, el diputado Tomas Hirsch (PH) consideró que la declaración de la Corte Suprema tiene un tono "amenazante". "Lo encuentro tremendamente grave, porque la saca (esta comunicación) antes de que se presente la acusación. Entonces, uno se pregunta si esto es un aviso o una amenaza".

Ante la eventual acusación, en el Palacio de Tribunales ya comenzó la búsqueda de abogados que podrían representar a los ministros. Según aseguraron fuentes judiciales, se estarían buscando profesionales que tengan conocimiento del funcionamiento del Congreso y con experiencia en litigio constitucional.

En tanto, hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, criticó la intención de los diputados de la oposición de sacar adelante este emplazamiento: "Me parece un hecho muy grave desde la perspectiva institucional y democrática del país. Los magistrados, como dice la Constitución de forma expresa, solo pueden ser acusados por notable abandono de deberes, pero no pueden ser acusados por el contenido de sus resoluciones judiciales".

Chadwick agregó que "las sentencias judiciales se respetan y acatan. Y no existe ninguna autoridad -y en este caso tampoco el Congreso- que tenga facultad de entrar a revisar, nos gusten o no, o a acusar en virtud de un contenido de un fallo".

Además, el ministro dijo que "con eso se termina la autonomía e independencia del Poder Judicial, y eso es muy grave para la institucionalidad democrática".