En fallos unánimes, la Corte Suprema confirmó hoy que los comuneros mapuche Joaquín Wenulef Huenchullán Queipul, Fabián Alejandro Llanca Nahuelpi y Máximo Iván Queipul Huenchullán podrán retornar a la unidad penal de Angol, Región de La Araucanía, a cumplir la prisión preventiva luego de que fueran trasladados hasta otros penales por protagonizar un motín al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, el 7 de mayo.
Dicho fallo ya había sido acogido, de manera unánime, por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco el 21 de junio.
Por otro lado, también en fallos unánimes, el máximo tribunal revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones donde se había rechazado el retorno de otros tres comuneros. De esta forma, estableció que los traslados de los amparados –Juan Queipul Millanao a un penal del Biobío; Hanthue Llanca Quidel a Rancagua, y Freddy Marileo Marileo a Puerto Montt– son arbitrarios y atentan contra la vinculación familiar por lo que deben ser trasladados a recintos penales de La Araucanía.
La Corte de Apelaciones había rechazado los recursos presentados por los sentenciados y acogido los de los imputados. Sin embargo, ahora los seis deberán ser retornados.
El defensor penal público Humberto Serri Gajardo señaló que “la Excelentísima Corte Suprema estimó que el actuar de Gendarmería y del tribunal como arbitrario e ilegal. Y por tanto, para restablecer el impero del derecho ordenó que los comuneros sean trasladados inmediatamente a centros penitenciarios de la Región de La Araucanía, así como en el caso de los imputados que se fije una audiencia con carácter de urgente para debatir dicho traslado”.
“Lo relevante del fallo dice relación con que la Corte Suprema acoge las pretensiones de la defensa señalando que, al trasladar a los comuneros mapuche fuera de la región, se está afectando su derecho a poder mantener un contacto directo y regular con su familia, particularmente con los niños, niñas y adolescentes, que vínculo cercano con ellos”, agregó.
Además, dijo el abogado “se estaba vulnerando el derecho a practicar su cosmovisión”.
El 7 de mayo los comuneros se amotinaron y secuestraron a tres funcionarios de esa unidad, quienes debieron ser rescatados por personal especializado de Gendarmería. El incidente se produjo en protesta por la suspensión de las visitas de familiares con motivo del proceso de elecciones a consejeros constitucionales.
