Suprema mantiene a ministro Carroza como integrante de la Comisión de Ética y sólo se deberá inhabilitar en el caso de sus chats con el juez Poblete

Por poco más de tres horas y medias estuvo reunido este lunes el pleno de la Corte Suprema. Había 27 puntos en tabla, aunque el que se posicionaba en el décimo lugar captó gran parte de la atención de los magistrados.

Y es que la semana pasada, en medio de la polémica por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales y la convocatoria que hizo el presidente del máximo tribunal para que la Comisión de Ética del organismo analizara la vinculación de ministros con el caso, el magistrado Mario Carroza decidió presentar su renuncia a dicha instancia. Era momento, entonces, que sus pares debatieran sobre su resolución.

La intención del magistrado era dejar de integrar el mencionado comité, pues es uno de los cuatro titulares de la Suprema que -hasta ahora- ha sido aludido en conversaciones supuestamente improcedentes. En su caso, relacionadas con la designación de notarios.

De acuerdo con un reportaje de Ciper, el ministro mantuvo diálogos vía WhatsApp con el exjuez Juan Antonio Poblete, luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa le pidiera ayuda para favorecer a un postulante a notario con asiento en Tierra Amarilla.

Sin embargo, el pleno rechazó su renuncia por ocho votos contra ocho. Así está regulado en el máximo tribunal: ante empates se desestima la petición. De esta forma, considerando que la Comisión analizará los casos por separado, podrá inhabilitarse a la hora de que sus antecedentes sean expuestos. Sólo en ese caso será reemplazado por la ministra Gloria Ana Chevesich, quien asume como suplente.

Por aceptar la renuncia de Carroza, según pudo recabar La Tercera, estuvieron Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Mauricio Silva, Soledad Melo, Leopoldo Llanos, y María Angélica Repetto.

En la vereda contraria, en tanto, se posicionaron: Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, Arturo Prado, Juan Eduardo Fuentes y el ministro suplente Juan Manuel Muñoz Pardo.

Pero aunque de acuerdo con quienes estuvieron presentes la cita se extendió más de lo habitual debido a que estaban en discusión otros sumarios disciplinarios aperturados, lo cierto es que la tensión reinaba en los pasillos del Palacio de Tribunales.

Fue el primer encuentro de los titulares de la Suprema, desde que Blanco decidió convocar a la Comisión de Ética, en que estaban presentes las ministra Ángela Vivanco y María Teresa Letelier, otras dos juezas vinculadas, indirecta y directamente, al polémico caso que hoy tiene a la entidad bajo la lupa.

Ninguna de las dos estuvo presente cuando el presidente anunció la medida, y como este mismo medio publicó hace unos días, había generado molestia que él comunicara la determinación cuando sólo había 10 de los ministros titulares presente, más él.

Parte de quienes no asistieron ese día, de hecho, aseguraron en privado que les causaba gran extrañeza que el presidente tomara esa determinación, pues sólo cinco días antes, en medio de un pleno extraordinario celebrado el miércoles 19, se había acordado no convocar a la mencionada instancia.

Es más, ese mismo día la vocera María Soledad Melo afirmó ante los medios que no correspondía citarla en tanto había investigaciones penales en curso.

Había sido tajante en sostener que la comisión mantenía una mentalidad y un “espíritu que es muy antiguo”, y que, por lo demás, no correspondía que esta entrara en funciones “mientras no avancen aquellas investigaciones (penales) que están en progreso”.

Pese a ellos, los ánimos no se mantuvieron controlados, pues entre otras cosas, la Comisión en cuestión no ha notificado formalmente a los ministros que serán “indagados”, exigencia que fija el auto acordado que regula el funcionamiento de la misma.

El pleno tuvo lugar, igualmente, luego de que la tarde del jueves pasado la Comisión de Ética enviara un oficio a la Fiscalía Nacional para que se les remitiera copia de los chats en que aparecen vinculados integrantes del Poder Judicial, lo que le costó varias críticas.

Diversos abogados cuestionaron la medida, pues se trata de terceros pidiendo información de una investigación reservada que lleva el ente persecutor. Expertos aseguraron que es del todo improcedente y que el Ministerio Público no podría acceder a ello sin infringir la norma.

Hasta ahora, eso sí, desde Fiscalía no han entregado una respuesta formal al requerimiento, aunque antecedentes recabados por este medio dan cuenta de que podría ser rechazado.

Así, a la instancia presidida por Blanco no le quedaría más que reunir testimonios y pedir informes a otras reparticiones del Poder Judicial.