Suprema obliga a Minsal y a fiscalía a buscar fórmula para entrega parcial de correos

Un mes después de que la fiscalía ingresara un escrito a la Corte Suprema para que autorizara el acceso a los e-mails que les había negado el Ministerio de Salud (Minsal), ayer el máximo tribunal, en un fallo dividido 3-2, autorizó la entrega parcial de los correos electrónicos.

El Ministerio Público pidió las comunicaciones del exministro de Salud Jaime Mañalich, su exjefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el marco de una investigación penal por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en la pandemia.

Lo hizo luego de obtener una orden judicial del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para incautar los correos. Sin embargo, el Minsal negó su acceso debido a que podía afectar la seguridad nacional.

La situación generó tensión entre el gobierno y la fiscalía. Una muestra de esto es que antes de que la Suprema resolviera, los abogados del Presidente Sebastián Piñera (querellado en la causa) y de Mañalich dijeron en un escrito al máximo tribunal que la diligencia de la fiscalía era “infundada” y el sustento de la misma “son meras elucubraciones”.

Ayer, finalmente, la Suprema decidió “mantener la diligencia de entrada y registro con incautación de correos electrónicos, vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados”, excluyendo los e-mails relativos a “la adquisición de insumos esenciales para enfrentar la pandemia”, y a los que dicen relación con la “destinación de efectivos y recursos militares y policiales a labores estratégicas relacionadas con el Covid-19”.

El voto de mayoría fue suscrito solo por un ministro titular, Carlos Künsemüller, y dos abogados integrantes, María Cristina Gajardo y Jorge Lagos. El resto de los ministros de la Sala Penal, Haroldo Brito y Jorge Dahm, estuvieron en contra y manifestaron en su voto de minoría que ellos eran partidarios de “entregar la totalidad de la información requerida por el Ministerio Público, sin restricciones”.

A juicio de Brito y Dahm, para justificar la afectación a la seguridad nacional el Minsal debió entregar “antecedentes objetivos” y “hechos ejecutados o en desarrollo que lesionan los intereses de seguridad”. Esto, para los magistrados, no se cumplió.

No obstante, hubo un elemento del cual la Corte Suprema no se hizo cargo: ¿Cómo se procede ahora para entregar de forma parcial los correos? Hasta ayer ninguno de los involucrados tenía muy claro cómo proceder, ya que el máximo tribunal no lo explicó en su sentencia.

Paris aseguró que “cuando recibamos el listado de correos relacionado con la causa lo entregaremos, tal como lo hemos dicho siempre”.

Fuentes del Minsal aseguraron que este punto los ministros lo dejaron “vago”, pero están recién decantando el fallo. En esa línea, agregan que la sentencia se cumplirá y se está analizando cómo hacerlo para buscar la manera más “adecuada y razonable” para entregar lo que la Suprema autorizó a incautar.

Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich, consideró que esto debiera resolverse en conjunto con la fiscalía. “Lo normal sería acordar con el Ministerio Público en qué forma implementar esto para que ellos reciban aquello que la corte autoriza, solo lo vinculado exclusivamente a hechos investigados y que no afecten seguridad nacional, sin incurrir en desacato”, dijo.

El senador Alejandro Navarro, querellante, dijo que “vamos a revisar a los abogados integrantes. Parte importante de la sala estuvo por entregar todos los correos para que se cumpla el objetivo de buscar justicia”.

El abogado y académico de la UDP Cristián Riego afirmó que “el Minsal debería entregar lo que considere que se encuentra dentro de los parámetros fijados por la Corte Suprema”. Agregó que “si por alguna razón la fiscalía llega a sospechar de que el Minsal no está cumpliendo con lo ordenado, lo que corresponde es que reclamara ante el juez de garantía”.

Seis funcionarios del Departamento de Epidemiología declararon ante la fiscalía en calidad de testigos: Rodrigo Fuentes, Pía Álvarez, Fabio Paredes, Mario Soto, Patricia Cerda y Sylvana Alvarado. Sus relatos son parte de la investigación penal relacionada a los fallecimientos por Covid-19. En las relatos, los trabajadores indican que les pidieron adecuar la hora de corte de los informes epidemiológicos a lo requerido por sus superiores. La orden, dijeron, la daba Johanna Acevedo, pero desconocen quién se las daba a ella. Estas declaraciones se suman a las de Andrea Albagli, quien señaló que le pidieron manipular la base de datos de Epivigila.