Suprema pide revertir recorte presupuestario al PJUD y advierte que pone en riesgo el acceso a la justicia

La Corte Suprema manifestó su molestia por el recorte presupuestario al Poder Judicial tras una sesión extraordinaria en la que abogaron por “revertir o aminorar los efectos dañinos” que provocará el ajuste para 2025.

En un comunicado el tribunal de última instancia desglosó las partidas afectadas por la disminución: Gastos de Personal, el Programa de Rezago de Causas Judiciales, Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos no Financieros.

Con estas modificaciones, la Suprema advirtió que la rebaja para funcionarios pone en “riesgo la continuidad operacional de la institución, dado que implica restringir el presupuesto de suplencias, que permite financiar una parte de las ausencias de personal de tribunales, no disponible por feriado o licencias médicas”.

En esa línea, recalcó que el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso implica “reducir aún más la capacidad de tribunales y aumentar las cargas de trabajo existentes”. Por lo mismo, reclaman que la medida empeora el poco avance de los proyectos legislativos para aumentar la dotación de funcionarios, por lo que “en el corto y mediano plazo se proyecta que el déficit estructural de dotación se mantendrá”.

Asimismo, señaló que el ajuste en Adquisición de Activos no Financieros afectará a la seguridad informática de la institución y “el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia”.

En cuanto a Bienes y Servicios, el máximo tribunal manifestó que además del aumento de los costos operacionales, estiman un impacto por el alza de la electricidad, “lo que sin duda incrementará el déficit en este subtitulo de este Poder del Estado, el cual bordeará los 8 mil millones de pesos”.

Además de la declaración, la ministra vocera María Soledad Melo, adelantó que los recortes en contrataciones no permitirían reemplazar a los funcionarios que se encuentran con vacaciones o licencias médicas: “Voy a hacer una estimación, solo cubriría el primer semestre de este año, pero ya en el segundo semestre no habría dinero para la suplencia que va a requerir el Poder Judicial”.

“Si nosotros nos vemos afectados con falta de jueces, de funcionarios, va a haber una mayor carga de trabajo. Pueden haber mayores licencias médicas, y no vamos a tener gente que supla porque no vamos a tener recursos. De alguna manera y directamente, por supuesto, se van a ver afectados los usuarios del servicio judicial”, explicó.

Melo criticó que “se han dictado numerosas leyes que han aumentado la competencia de los tribunales, pero no se ha financiado o no se ha aumentado la cantidad de jueces o de funcionarios que deban servir esas nuevas competencias. Por lo tanto, el Poder Judicial ha tenido que afrontar aquellas nuevas tareas con los recursos existentes”.