"Prestación de servicios con estándares deficientes, insuficiente fiscalización del contrato de concesión, altos costos cobrados por la concesionaria en obras de mejoramiento y la afectación del interés público, de los derechos de los funcionarios intervinientes y de los usuarios del Centro de Justicia de Santiago".

Esas fueron las razones del entonces presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, el 27 de enero de 2017, para pedir a los ministerios de Justicia, de Obras Públicas (MOP) y de Hacienda, el término anticipado del contrato de concesión del recinto judicial que termina en 2025 y está a cargo de la Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A., empresa del grupo OHL.

La solicitud del máximo tribunal, que revela la disputa aún no zanjada entre el Poder Judicial y el MOP en relación a la administración de la dependencia, está contenida en el informe final 739 de la Contraloría, del 18 de diciembre de 2017, en el que se audita a la Subsecretaría de Justicia, institución que actúa como mandante en el contrato de concesión del recinto judicial, pagando el servicio y ejecutando la obra pública.

En el mismo documento se señala que seis meses después del requerimiento de Dolmestch de terminar anticipadamente con el contrato de la concesión, el titular del MOP, Alberto Undurraga, le respondió a través de un oficio que las peticiones "asociadas a mayores estándares no son exigibles, por cuanto no forman parte de las obligaciones que debe cumplir la sociedad concesionaria". Agregó que la fiscalización "da cuenta de una operación en el Centro de Justicia que se ajusta a lo establecido en el marco contractual de la concesión".

Asimismo, Undarraga señaló a Dolmestch que "existen problemáticas, como caídas del sistema eléctrico y de climatización, y solicitudes adicionales para el servicio de aseo y seguridad en los que se han generado adecuaciones".

En este contexto, según el órgano contralor, la Subsecretaría de Justicia incurrió en una serie de irregularidades en relación a la administración del Centro de Justicia que deben ser subsanadas. Esto debido a que, "si bien ésta efectuó algunas acciones en febrero, marzo y junio de 2017 para obtener información sobre la concesión del Centro de Justicia, a raíz de la discrepancia en cuanto a su funcionamiento (...), no se acompañan antecedentes que permitan acreditar la implementación de medidas concretas en torno a dichas problemáticas, ello con la finalidad de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública".

De esta forma, la Contraloría exigió a la Subsecretaría de Justicia implementar procedimientos de coordinación con el MOP para obtener información fidedigna acerca del funcionamiento del contrato.

Desde la Subsecretaría indicaron que "impulsaremos mejoras en los procedimientos de coordinación con el MOP con el fin de gestionar las acciones tendientes a subsanar las situaciones observadas en el informe".

Poder Judicial insiste

"La posición del Poder Judicial no ha variado de lo comunicado mediante oficio del 27 de febrero de 2017". Así contestaron desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial (PJUD) a la pregunta de La Tercera sobre si aún se mantiene la idea de terminar conel contrato de la concesionaria.

Indicaron, además, que "a través de distintos medios e instancias el Poder Judicial ha expresado su insatisfacción tanto con el contrato suscrito como con su fiscalización. Después de 10 años en que el Centro de Justicia de Santiago ha sido administrado por una empresa externa, se estima que entre las tres instituciones que usan el recinto (PJUD, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública), se puede administrar en forma más eficiente, con una mejora sustancial en los estándares de los servicios y con un costo similar".

Detallaron que se requiere un acuerdo entre el MOP y la empresa para dar término anticipado al contrato de concesión, lo que podría involucrar un pago a la concesionaria que el Poder Judicial no tiene contemplado en su presupuesto. Indicaron que, de mantenerse las deficiencias, "probablemente se insista con las nuevas autoridades que llegarán en marzo a los ministerios de Justicia, Hacienda y Obras Públicas".

En tanto, desde la Dirección General de Concesiones del MOP indican que los requerimientos del Poder Judicial de la existencia de mayores estándares "no forman parte del contrato vigente. Sin perjuicio de ello, dichas solicitudes son analizadas con el objeto de evaluar su incorporación".

Por su parte, desde OHL indican que "han cumplido con todas las obligaciones del contrato de concesión con el Ministerio de Obras Públicas, quien por ley es el único facultado para administrarlas, sin perjuicio que otras instituciones le deleguen la administración de sus obras vía concesiones (en este caso Fiscalía, Defensoría y Poder Judicial)". Asimismo, agregan que hay "disposición al diálogo y a llegar a acuerdos para que la obra concesionada sirva de la mejor manera a la comunidad y a los usuarios".