“Unidad judicial”, mantener 21 ministros y separar la función administrativa: Corte Suprema presenta propuestas para nuevo proceso constituyente

Entre el jueves 20 y el domingo 23 de octubre, en la Región de Aysén, la Corte Suprema realizó las denominadas Jornadas de Reflexión del máximo tribunal, instancia donde los magistrados analizaron una serie de temática en torno al organismo.

La inauguración contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado: tuvo como invitados al presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Cámara Diputados y Diputadas, Raúl Soto; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro; el alcalde de Puerto Aysén, Julio Uribe y otras autoridades regionales.

Tal como lo había adelantado la vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, en momentos previos al plebiscito constitucional, uno de los temas considerados como “prioritarios” fue el futuro del máximo tribunal en lo que será una nueva Carta Magna. En ese contexto, se tocaron puntos como la creación de nuevos consejos, la relación con el Poder Legislativo, la justicia indígena, entre otros.

Las propuestas fueron reunidas en un documento formal con las actas de los acordado, el que será entregado cuando se forme un nuevo organismo encargado de redactar la nueva Constitución.

Según se comunicó este lunes, en las Jornadas de Reflexión se abordó, por ejemplo, la creación de un consejo de magistratura nacional y consejos regionales para “separar la función jurisdiccional y administrativa”.

En específico, estos nuevos organismos tendrían una mayoría de integrantes judiciales dedicados a nombramientos, evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto; formación y capacitación. En la actualidad, las labores de nombramientos y evaluaciones las realizan jueces de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, que también revisan sentencias.

“Un primer aspecto, constitutivo de una definición central que la Corte Suprema ha adoptado en forma consistente, es la necesidad indiscutida de diferenciar, en forma clara, el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. Esto implica la creación de un órgano nacional con autonomía constitucional, tipo Consejo de la Magistratura, descentralizado o desconcentrado funcional y territorialmente a nivel regional, que ejerza las funciones propias del gobierno judicial y donde la composición de su instancia superior, tanto a nivel nacional como regional, sea especializada y mayoritariamente judicial”, comunicó el máximo tribunal.

En esa línea, el acuerdo plantea que “quienes ejercen jurisdicción no debieran dedicarse al mismo tiempo a funciones distintas a las que se comprenden en ese ámbito. De este modo, se considera que los miembros de la judicatura no podrían integrar instancias de gobierno judicial mientras desempeñen funciones jurisdiccionales, por lo que necesariamente debieran quedar inhibidos de ejercer jurisdicción temporalmente en ese periodo”.

Sobre la integración de este órgano, se estimó que éste “cuente con una mayoría de integrantes de la judicatura y con otros miembros determinados por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Colegio de Abogados y facultades de Derecho”. En ese sentido, se acordó que el presidente o presidenta de la Corte Suprema sea, además, la máxima autoridad de esta nueva entidad.

Estas propuestas, al igual que otras, nacieron con la intención de que sean consideradas en una nueva discusión constitucional.

En esa línea, siguiendo con lo que sería un nuevo proceso constituyente y el futuro de la Suprema, el pleno del máximo tribunal “valoró” el actual modelo de integración, con 21 ministros y ministras, siendo 16 de carrera y 5 externos.

Además, subrayó que se deben mantener en los tribunales superiores las acciones constitucionales sobre vulneración de garantías, “sin perjuicio de entregar en casos especiales su conocimiento a los tribunales de base”.

El máximo tribunal también calificó como “necesario” el concepto de “unidad judicial” y determinó que todos los tribunales queden bajo la estructura del Poder Judicial, dejando exentos únicamente a la Justicia Constitucional y a la Justicia Electoral. Esto último, a diferencia de la rechazada propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional, donde se hablaba de “sistemas de justicia”.

El órgano convencional había propuesto quitar el poder a la Corte Suprema y crear un Poder Judicial gobernado por el Consejo de la Justicia. En distintos momentos del trabajo de la Convención, el máximo tribunal expresó sus reparos respecto a planteamientos del organismo que redactó la propuesta constitucional.

Otro de los temas analizados en las Jornadas de Reflexión fue la propuesta de modificaciones en asuntos de género y no discriminación, donde, afirman desde el organismo, se tomaron definiciones en materia de prevención, reparación, capacitación y paridad.

En ese sentido, la Corte Suprema determinó puntos como la elaboración de un Programa de Capacitación obligatorio en materia de violencia de género para todas las personas integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, en especial para la judicatura con competencia en familia y penal; confeccionar un decálogo de actuación y buenas prácticas, que pueda ser una guía para quienes integran el Poder Judicial y brindar recomendaciones de actuación para personas investigadoras sobre contención emocional a denunciantes, entre otras.

Finalmente, en la cita fue abordada la relación del Poder Judicial y el Legislativo, donde se estimó que es “necesario potenciar la colaboración y comunicación con los colegisladores”.

En ese sentido, se propone crear una comisión de ministros que coordine la instancia de vinculación legislativa.

“Para estos fines, se acordó que podrá designarse por la Comisión a un ministro o ministra permanentemente encargado de representar dichas apreciaciones, para lo cual concurrirá a las instancias legislativas que se le invite a participar en la tramitación de los proyectos de ley respectivos. Esta comisión podrá colaborar igualmente con los procesos constitucionales en que se requiera la opinión de esta Corte o se estime relevante manifestarla”, se detalla en el acuerdo.

En tanto, sobre justicia indígena, se consideró como “relevante” ahondar en el conocimiento de ésta. En ese sentido, se propuso realizar un curso de especialización dirigido al escalafón primario del Poder Judicial sobre justicia indígena y estándares del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, con especial énfasis en jurisdicciones con presencia de comunidades indígenas.